El representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado a fortalecer la relación del país con la Corte Penal Internacional, para evitar la impunidad a los autores de los crímenes internacionales más graves.
Luego de que Chile Eboe-Osuji, presidente de la Corte Penal Internacional, presentó ayer su informe ante la Asamblea General de la ONU, el embajador De la Fuente resaltó la importante labor de este organismo en el desarrollo del derecho internacional, a partir de su jurisprudencia, en especial, en asuntos que interesan a México como la protección del patrimonio cultural.
En el debate general, México apoyó el informe y la gestión del magistrado presidente.
La Corte Penal Internacional surgió a partir de la adopción del Estatuto de Roma en 1998, y fue resultado a su vez de la iniciativa de la Asamblea General ante los crímenes atroces que se presentaron en la ex-Yugoslavia y Ruanda en la década de los 90. Actualmente, son 122 los Estados que forman parte del Estatuto de Roma, siendo Latinoamérica la segunda región más representada después de África.
México preside el Grupo de Trabajo sobre Enmiendas y es miembro de la Mesa Directiva de la Asamblea de los Estados que son Parte del Estatuto de Roma.
Se espera que, bajo la presidencia mexicana, se pueda adoptar este año una enmienda propuesta por Suiza para homologar como crimen de guerra hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de guerra, tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales.
Aunque el Estatuto de Roma fue firmado en 1998, la Corte Penal Internacional tuvo sus antecedentes desde 1948.
En ese entonces, la Organización de las Naciones Unidas consideró por primera vez la posibilidad de establecer una corte internacional, permanente, para enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y la agresión.
En la resolución 260 (III) del 9 de diciembre de ese año, la Asamblea General afirmó que “en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad” y está “convencida de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional”.
Así es como se bosquejó la idea de que una corte internacional para procesar a personas responsables de genocidio u otros crímenes de gravedad similar, era deseable y posible.
La posibilidad de establecer una Corte Penal Internacional se dio hasta 1992, en ese año la Asamblea General de la ONU solicitó a la Comisión de Derecho Internacional la preparación de un proyecto de estatuto de una corte penal internacional.
En 1993 tuvieron lugar crímenes de lesa humanidad y de genocidio en Yugoslavia, por lo que se estableció el Tribunal Penal Internacional para esa nación.
Fue hasta la 52 sesión de la Asamblea General que ésta decidió convocar a una Conferencia de Plenipotenciarios para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, en Roma, Italia, del 15 de junio al 17 julio de 1998.
