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El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que durante 2018 tramitó 255 asuntos de responsabilidades administrativas que derivaron en sólo cinco sanciones.
En un caso se impuso de sanción una amonestación pública, en otro una suspensión temporal y en tres más la inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por seis meses.
Detalló que se mantiene en investigación, desde 2015 y 2016 respectivamente, supuestas irregularidades por la contratación y vigilancia de un pedido para la adquisición de elevadores, y anomalías en el procedimiento de contratación de arrendamiento de vehículos, que implicaron un total 937 millones de pesos.
El pasado jueves, el OIC presentó a la Junta General Ejecutiva del INE su informe del estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, imposición de sanciones y medios de impugnación.
Reportó como asuntos destacados una denuncia por supuestas irregulares en la contratación de arrendamiento de vehículos, por lo que se iniciaron los respectivos procedimientos “para la determinación de responsabilidades”.
Este caso ha sido señalado en años previos por el ex contralor Gregorio Guerrero Pozas —quien dejó el INE el mes pasado—, pues el instituto no presentó un estudio de factibilidad previo a dicha contratación.
Este caso inició desde marzo de 2015, en que el INE firmó un contrato de cuatro años por 935.4 millones de pesos para arrendar mil 96 vehículos a la empresa Jet Van Car Rental, lo que implicó 853 mil pesos, en promedio, por rentar cada automóvil.
“Sería menos costosa la oferta comercial que obtendría cualquier persona para adquirir los mismos modelos de vehículos a precio de menudeo”, según arrojaron las investigaciones.
En el caso de las anomalías en la adquisición de elevadores, por 1.2 millones de pesos, se detectó que en 2015 se llevó a cabo la adquisición con base en reportes de mantenimiento preventivo mensual que no indicaban la necesidad de sustitución ni reportes de mantenimiento correctivo por fallas. La compra no contempló instalación, por lo que durante todo 2015 estuvo en una bodega.
Otro caso en investigación es una denuncia presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en contra de personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
El segundo semestre de 2018 inició con 69 expedientes de investigación de oficio, se presentaron 151 más para un total de 220 casos, de los que concluyeron 76 y aún hay 144 en trámite.
