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Un tribunal federal instruyó a Alejandro Gertz, fiscal General de la República, que en un plazo no mayor a un mes establezca la infraestructura necesaria para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura, cuya creación fue ordenada por ley desde hace casi cuatro años.
“Que el fiscal General de la República, en un plazo no mayor a 30 días establezca la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura, es decir, ponga en operación el referido registro; el fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, una vez que el fiscal General de la República establezca la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro, realice el registro correspondiente respecto de la víctima”, señaló el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.
La resolución fue dictada el 25 de marzo pasado en el amparo en revisión tramitado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), en representación de una víctima de tortura.
Esto, luego de que los magistrados concluyeron que el titular de la FGR incurrió en omisión absoluta al no emitir los lineamientos necesarios para que opere el Registro Nacional del Delito de Tortura.
En la resolución, el Tribunal Colegiado también ordenó dar vista al Órgano Interno de Control de la FGR para que analice si la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, incurrió en omisiones que pudieran derivar en responsabilidad administrativa.
Esto, al considerar que no supervisó que las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos de la víctima, que tramitó el amparo a través del IFDP, fueran realizadas adecuadamente.
“El acto que se reclama a la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos no se relaciona directamente con la integración material de la investigación indicada sino, por el contrario, se le atribuye la omisión de ejercer sus facultades de supervisión en torno a esa indagatoria”, precisa el documento.
El caso derivó de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
