Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Luis Antonio Dorantes Macías, expolicía federal supuestamente vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, se acusó al expolicía por el delito de desaparición forzada agravada.
Dorantes Macías era jefe de la estación de la Policía Federal (PF) de Iguala, Guerrero, cuando los normalistas fueron atacados en septiembre de 2014.
De acuerdo con las investigaciones, probablemente tuvo conocimiento de la detención de los estudiantes en tiempo real y, posteriormente, negó los hechos, el posible destino y paradero de las víctimas.
El exmando policial fue detenido el 18 de enero pasado en cumplimiento a una orden de aprehensión, emitida en septiembre de 2020 por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
A diferencia del resto de los integrantes de la PF que trabajaban en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron atacados, Dorantes no fue sancionado por el régimen disciplinario de la corporación porque reunció el 23 de octubre de 2014.
El exmando fue asignado a la estación de Iguala el 15 de febrero de 2012 por el entonces titular de la División de Seguridad Regional de la PF, Luis Cárdenas Palomino, contra quien pesa una orden de detención por tortura en agravio de dos de los supuestos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
Este es uno de los primeros exfuncionarios por los que la FGR procedió penalmente por el delito de desaparición forzada.
Casos relacionados
En septiembre de 2020, Víctor Manuel Colmenares Campos, expolicía federal, fue detenido en Texcoco, Estado de México, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada.
La Fiscalía General de la República lo señaló porque supuestamente estuvo presente en la noche de la desaparición de los normalistas, junto con otros expolicías federales y presenciar la detención de los estudiantes por policías municipales, así como permitir que se los llevaran sin reportar los hechos a sus superiores.
En la averiguación previa del caso Iguala, otros expolicías federales fueron interrogados con polígrafo y declararon que Colmenares Campos y otros miembros de la corporación “formaban parte de la nómina de la delincuencia organizada”.
El juez Segundo de Distrito de Procesos Penales federales de Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión en su contra. Desde entonces permanece en el penal federal de Almoloya mientras continúa su proceso judicial.
