Un juez federal especializado en Competencia Económica concedió al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) una suspensión provisional contra los acuerdos que frenan las energías renovables en México, los cuales fueron emitidos por la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
En estrategia conjunta, Cemda y Greenpeace presentaron juicios de amparo, esta última organización obtuvo la suspensión provisional el pasado 25 de mayo por parte del juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro.
En esta ocasión, el titular del Juzgado Primero de Distrito en dicha materia, Rodrigo de la Peza López Figueroa, concedió al Cemda la suspensión provisional.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, seguir dependiendo de los combustibles fósiles aleja al país del cumplimiento de los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático e incrementa los riesgos de salud para toda la población en el territorio nacional.
Indicó que la oposición del Cemda y de Greenpeace a los acuerdos federales radica en que impiden a México avanzar en la transición energética hacia fuentes renovables y lo estancan para seguir dependiendo de los combustibles fósiles, pese a los graves impactos que esto tiene en la salud humana y en el medio ambiente.
Todo ello, acusaron, en un contexto en el cual el gobierno federal tampoco ha generado los incentivos ni la política pública para promover modelos de transición energética justa, los cuales permitan a las comunidades acceder y generar su propia energía.
Sobre esa situación, la coordinadora de Investigación del Cemda, Anaid Velasco, aseguró que los acuerdos fueron emitidos en franca violación al marco legal y constitucional.
“Son medidas regresivas que alejan a México del cumplimiento de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones para mitigar el cambio climático.
“Se trata de medidas injustas, pues profundizan nuestra exposición a seguir respirando aire contaminado, lo cual nos hace más vulnerables a contraer padecimientos respiratorios y eleva el riesgo de mortalidad en contextos como el actual con la pandemia del Covid-19”, explicó la experta.
Por su parte, la especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, María Colín, comentó que esta batalla judicial “es un primer paso para luchar a favor de la democratización de la energía eléctrica en nuestro país.
“[Se trata de] garantizar el derecho humano a energías renovables accesibles y asequibles de todas las personas [en México] y que éstas ayuden a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, con proyectos comunitarios de generación distribuida.
“De ninguna manera [esta iniciativa] significa defender los intereses de los grandes empresas del sector, porque incluso algunas de ellas, lamentablemente, han contribuido a escenarios indeseables, como el despojo de tierras o el atropello a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o equiparables”, sostuvo Colín.
