Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la otrora Secretaría de la Función Pública (SFP), presentó los 10 pilares para transformar la dependencia en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que aplicará un nuevo modelo contra la corrupción en el cual violar la ley será más caro que cumplirla.
“Tenemos que hacer que violar la ley sea más caro que cumplir la ley, que no haya ningún incentivo para violar la ley”, dijo en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La funcionaria explicó que “para muchas empresas es más fácil decir ‘incumplo con el contrato porque la penalización es muy baja, y mejor digo que no tengo, y con otra empresa lo vendó en una adjudicación directa a un precio más alto porque aparentemente hay un desabasto’. Entonces, tenemos que hacer mecanismos legales, jurídicos, con certidumbre, donde violar la ley sea más caro que cumplirla”.
Buenrostro Sánchez manifestó que el objetivo es combatir el flagelo de la corrupción y la impunidad para pasar de un modelo correctivo a uno preventivo.
“Digamos que tenemos como un policía bueno y un policía malo, el policía bueno es el buen gobierno, que es el que va a prevenir”, ejemplificó la funcionaria.
Para ello se plantearon una serie de pilares cuyo trabajo comienza con dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad; dos, acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar programas prioritarios desde el comienzo para inhibir la corrupción.
“Todos los programas prioritarios, todos los proyectos estratégicos… está el Tren Maya, pero la presidenta [Claudia Sheinbaum] tiene planes para aumentar el sistema ferroviario, 3 mil kilómetros”, dijo.
Como tercer pilar planteó modernizar la Administración Pública Federal con ayuda de la digitalización y sistematización que realizará la Agencia de Transformación Digital; cuatro, consolidar compras públicas transparentes a precios justos; cinco, transparencia proactiva.
Seis, sumar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción; siete, enfocar a los Órganos Internos de Control (OIC) en áreas de mayor impacto y relevancia, pues la SFP “resulta como en un aparato muy burocrático que hace trabajar mucho a las dependencias y las distrae de sus labores sustantivas; entonces, lo que queremos es [no] tener [que] trabajar por trabajar, sino más focalizado y orientado siempre a acciones de mayor impacto y relevancia”.
Ocho, fortalecer la cultura de la denuncia tanto en el sector público como en el sector privado, y garantizar la confidencialidad de las denuncias; nueve, realizar investigaciones que inhiban la corrupción, y 10, combatir la impunidad al hacer que violar la ley sea más caro que cumplirla.
Puntualizó que la nueva política de combate a la corrupción parte del primer piso que instauró el expresidente López Obrador que separó el poder político del poder económico, eliminó la condonación de impuestos e incluyó, expuso, la mística de la “austeridad republicana” con cero lujos.
Futuro de la transparencia
Buenrostro Sánchez informó que de aprobarse la reforma que elimina órganos autónomos —como el Inai— para evitar ser juez y parte en la resolución de estos temas, se involucrará a los Tribunales de Justicia Administrativa.
Reiteró que la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno asumirá las funciones del Inai para mantener el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
“En caso de aprobarse esta reforma, nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de Ley General de Transparencia que garantice que esta secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y, al mismo tiempo, que no sea juez y parte con el involucramiento de otros entes públicos como son los Tribunales Administrativos, y con eso iniciar una era de transparencia proactiva”. También se modificará la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras.
