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El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, interpuso este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra dos jueces federales, con residencia en la entidad, por presunta corrupción y favoritismo en sus fallos.
El morenista acudió a la sede central de la FGR, en la Ciudad de México, para acusar a los jueces Cuarto y Quinto de Distrito con residencia en el municipio de Veracruz, por sus resoluciones en torno a la construcción de una Torre de más de 26 pisos en la zona histórica del puerto de Veracruz, que, según el mandatario, no cuenta con los permisos que exige la ley.
“El estado que represento hizo valer los recursos legales ante sendos juicios; sin embargo, se descubrió una serie de lazos familiares y de amistad entre constructores y jueces federales de quienes se presume actuaron en contubernio y encubrieron intereses particulares por encima del derecho y la justicia”, aseguró.
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En entrevista, García Jiménez afirmó que no es la primera ocasión que los juzgadores referidos “amparan delincuentes”, pues al menos uno de ellos, dijo, está relacionado con amparos a acusados de abuso de mujeres y feminicidio.
“Como se dio en el caso de “los Porkys” en 2015 y en el caso reciente de Marlon “N”, presunto culpable junto a sus padres de privar de la vida a la joven Monserrat. Esto solo por dar una referencia de sus dudosas actuaciones”, aseveró.
Ante ello, el gobernador morenista solicitó a la Fiscalía General de la República investigar a fondo a los jueces e indagar la presunta red de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación en torno al caso que presentó.
“Está sustentado en hechos, pruebas y esperamos que con el tiempo considerable, razonable, una respuesta”, indicó.
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García Jiménez aseguró que existe contubernio para solapar presuntas redes de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación, “con el aval o indiferencia, que sería igual de grave, de algunos ministros de la Suprema Corte y la inacción de una buena parte del Consejo de la Judicatura Federal o con el cómplice consentimiento de ambos”.
Lo anterior, añadió, “porque hemos dirigido advertencias a las instancias internas del Poder Judicial Federal sobre la corrupción sospechada y fundada por resoluciones que protegen a delincuentes. Y aunque en una ocasión fuimos escuchados, a partir de la llegada de la presidenta ministra de la Suprema Corte, (Norma Lucía Piña) la tónica se modificó y ahora no han mostrado ni siquiera interés alguno en los casos expuestos por la opinión pública y por nosotros mismos”.
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