Puebla, Pue.— Activistas e investigadores reprocharon la cada vez más marcada presencia militar en la política migratoria de México que genera más corrupción, abusos y una marcada militarización que se incrementó con el actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.
Al asistir al Diálogo Nacional por la Paz en la Universidad Iberoamericana de Puebla, acusaron que además con el titular del INM, Francisco Garduño, se cortó la comunicación.
Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que integrantes de las Fuerzas Armadas que han dirigido oficinas de representación del INM fueron acusados por trabajadores de acoso laboral, hostigamiento, misoginia, discriminación, acoso sexual, corrupción y violaciones a los derechos humanos, aunado a las acusaciones de los migrantes.
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Conrado Zepeda, director nacional del Servicio Jesuita Refugiados México, dijo que el tema migratorio “ya tiene buen rato militarizándose”.
“Sí es una tendencia que ya tiene hace algunos años, sobre todo cuando se bajó de delegado nacional [de Migración] Tonatiuh Guillén. Con Garduño ha sido más su vínculo con las bases militares, recordar que él fue responsable de las cárceles, tiene una estructura más policial, militarizada para abordar el tema de la migración”, añadió.
Admitió además que se cortó la comunicación, después de que mandos militares fueron ocupando posiciones: “En la mayoría de los casos no hay ni siquiera una comunicación, antes había una comunicación directa con los delegados de Migración y teníamos un constante diálogo y mesas de trabajo. Ya cuando fueron llegando mandos militares, se negaron al diálogo”.
Dijo que aunque tienen registradas quejas, lamentablemente no hay un reporte de denuncias porque las personas en tránsito no desean entrar en un “proceso judicial engorroso”, además que las fiscalías estatales no quieren hacer los registros.
Guillermo Yrizar Barbosa, investigador de la Universidad Ibero Puebla, mencionó que han observado que la presencia de mandos militares o mandos asociados a la seguridad pública ha recrudecido las condiciones de maltrato y el entorno social medio torturante, tanto en Puebla como en Tlaxcala.
“Creemos que la presencia de mandos militares en las estaciones migratorias como centros de detención ha hecho que se violen múltiples derechos humanos. Hay una militarización ya dada el tema migratorio”, señaló Barbosa.
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Mostró además su preocupación por los cuerpos de seguridad que han adoptado una postura punitiva, de castigo, invisibilización y criminalización contra los migrantes, además que hay corrupción.
“Hemos observado que las promesas del gobierno de López Obrador, en términos de gestionar la migración apegada a los derechos humanos, no se cumplieron”, dijo.
Para el investigador, la muerte de 40 migrantes en el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez en marzo pasado “es la punta del iceberg”, ya con Garduño al frente del INM.
“Nos preocupa la militarización asociada a la corrupción. El INM sigue siendo una instancia muy opaca, con mucho poder y que si a esto le agregamos la presencia de policías municipales y estatales, preocupa”, alertó.
Ante solicitudes que han hecho para visitar estaciones migratorias y monitorear violaciones a derechos humanos, Guillermo Barbosa mencionó que las autoridades de Migración no les han respondido.
La hermana María Magdalena Silva, directora del albergue Cafemin e integrante de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), señaló que tienen conocimiento “desde hace muchos años” de la colusión de autoridades migratorias con la funcionarios estatales y locales, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y crimen organizado.
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“No me sorprende”, reaccionó la hermana a lo publicado por EL UNIVERSAL al acusar criminalización contra los migrantes, además de falta de sensibilidad de este gobierno.
“Garduño al final hace lo que le dice su jefe. Es un policía que golpea, un carcelario”, declaró al recordar el incendio en Ciudad Juárez y declarar que las estaciones migratorias “las convirtieron en cárceles”.
Asimismo, Andrés Porras Gutiérrez, coordinador de la Alianza Acércate, indicó que tienen conocimiento de las violaciones de derechos humanos de migrantes, mientras que las labores del INM se han visto mezcladas con la GN y otras autoridades a las que no les corresponde detener o interrogar.