El Poder Judicial se enfrenta hoy con un dilema sin precedentes. La reciente eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial ha desencadenado una serie de amparos y acciones colectivas que cuestionan la constitucionalidad de tal acto legislativo. En el corazón de esta disputa legal se encuentra una pregunta que va más allá de la técnica jurídica: ¿es posible que los jueces y magistrados decidan sobre un asunto en el cual son juez y parte? Con el decreto que elimina los fideicomisos del Poder Judicial se avecina un posible conflicto de interés. Si eventualmente este asunto llegara al Pleno de la Suprema Corte, ¿podría ésta resolver como tribunal máximo?
En nuestro sistema legal existe la figura de los impedimentos como mecanismo para garantizar la imparcialidad de los tribunales, estableciendo que un juez debe abstenerse de intervenir en un asunto si es que existe algún conflicto de interés, dejando la resolución en manos de otro juzgador. La eliminación de los fideicomisos afecta por lo menos al 60 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial, incluidos jueces y magistrados. Esto, en mi opinión, representa un conflicto de interés dado que tienen que resolver sobre sus propios derechos laborales. Aquí, la cuestión de impedimentos trasciende la individualidad de los jueces para abarcar la integridad del Poder Judicial en su conjunto.
La Suprema Corte de Estados Unidos enfrentó un desafío similar en United States v. Will (1980). El tribunal supremo tuvo que resolver sobre un acto de incumplimiento del Congreso que le afectaba indirectamente. En años anteriores se había determinado en la Constitución un incremento anual en los salarios de los servidores públicos federales, incluyendo los jueces, pero repentinamente el Congreso decidió revocarlos. Los jueces debían decidir sobre la constitucionalidad de un asunto en el que se veían involucrados sus propios salarios, por lo que recurrieron a la “Regla de Necesidad” con la que se estimó que, por encima de los impedimentos existentes por conflicto de interés, prevalece la necesidad de proveer una solución al conflicto y deben acatar su obligación como órgano de impartición de justicia de escuchar y juzgar.
Regresando al caso mexicano, los amparos y acciones colectivas de los trabajadores del Poder Judicial exigen una respuesta. La imparcialidad no es simplemente una expectativa ética, es un requisito legal que asegura que cada caso se resuelva con objetividad y justicia. Sin embargo, cuando el conflicto permea a todo un órgano, como es el caso actual, no hay otra opción más que enfrentar el dilema y aplicar la “Regla de necesidad”. Dejar sin respuesta estas impugnaciones sería renunciar al deber de impartir justicia y, peor aún, sería dejar en el desamparo a las y los jueces y trabajadores del Poder Judicial.
DOBLE EMBATE
Hablando de politizar la justicia, la renuncia del ministro Zaldívar y su acercamiento tan claro con Claudia Sheinbaum no es una buena señal para el Poder Judicial. Le abre una nueva ruta a AMLO para seguir “conquistando” al Pleno de la Corte en lo que ven si les dan los votos para impulsar el Plan C del Poder Judicial.
Abogado Penalista
@gueronassar