Al considerar que la reforma judicial es una venganza por no coincidir con las ideas de Andrés Manuel López Obrador, más de 50 mil empleados y juzgadores se organizaron por primera vez en la historia de México para detener indefinidamente la impartición de justicia en todo el país como muestra de su rechazo a los cambios radicales al Poder Judicial de la Federación que plantea el Presidente de México.
Con un sentimiento de menosprecio por parte del gobierno federal, en el primer minuto del 21 de agosto integrantes del Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial de la Nación montaron campamentos frente a las diferentes sedes de tribunales y juzgados. El objetivo: expresar su rechazo a la reforma.
“¿Y si al doctor que te va a operar el corazón también lo escogieran por tómbola? (…) Hoy detenemos la justicia para demostrar que ni tú ni yo iríamos con una persona que es nombrada doctor por votación, pero sí porque tiene experiencia, estudios y la vocación de atenderte. La modernización del Poder Judicial es necesaria, pero pensando en el beneficio de la impartición de justicia, no de los intereses de un grupo político”, afirma Alejandro Lozano, del 13 Tribunal Colegial en Materia de Trabajo, en entrevista con EL UNIVERSAL.
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Con esta premisa, los juzgadores construyeron un esquema para demostrar que su vocación sí es servir a los ciudadanos, contrario a los dichos del Jefe del Ejecutivo federal quien, consideran, desdeñó y estigmatizó su labor desde sus conferencias mañaneras motivado por el deseo de desquitarse de quienes no piensan como él.
“Llegué a ser magistrado por mi honradez, mi independencia y mi trabajo. Jamás me doblegué al poder político y esta es una venganza de López Obrador porque ayudamos a que los niños se vacunaran, a que las personas con cáncer tengan tratamientos, que la reforma de la Guardia Nacional pasara totalmente, a que las mamás de desaparecidos puedan encontrar a sus hijos y a que las cosas se hagan como tienen que hacerse. Nuestra valentía y capacidad no debe ser cuestionada”, expresa el magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano.
En la Ciudad de México, los paristas crearon grupos denominados Circuitos Unidos, que suman en total 32 y están constituidos por comités de las diferentes sedes como San Lázaro, Revolución, Periférico, Insurgentes, etcétera. Esos grupos acordaron votar el 19 de agosto para detener las labores y 28 de los 32 dieron el sí a la propuesta.
Preocupados porque la impartición de justicia no quede a la deriva, hicieron un calendario para atender asuntos urgentes, e instalaron guardias para dar continuidad a trámites inaplazables sobre tortura, deportaciones, extradiciones, problemas de salud graves o desaparición forzada, cuyas diligencias se estarán efectuando en las carpas instaladas en el área de protesta de todas las sedes.
Mientras los juzgadores gritaban: “¡Poder Judicial, contrapeso nacional!”; ”¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!”, y “¡Yo sí trabajo, no hago mañaneras!”, transeúntes y conductores se unieron a la protesta con el puño en alto o el claxon.
No sólo ellos, también personas con trámites vigentes, como Daniel Reyes, quien fue despojado de su casa por su hija, se solidarizaron con el movimiento por temor a que los nuevos jueces sean electos y no nombrados por su capacidad.
“Sería una pena que una persona normal como yo pudiera llevar un juicio sólo porque me eligieron en votación. ¿Cómo sabré que ese nuevo juez podrá devolverme mi casa?”, cuestionó el señor de 64 años.
En las escalinatas del recinto de San Lázaro y las banquetas y camellones de las sedes Prisma y Revolución, los trabajadores defendieron su labor con altavoces.
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“La reforma no sólo trastocará nuestros derechos como trabajadores, también lo hará con México. Es necesario mejorar en todo aspecto e incluso es un principio de la Constitución, la progresividad que indica que toda ley debe mejorar para bien, pero debe ser en beneficio de la ciudadanía, no del poder”, dice Jorge Aguirre Burguete, oficial judicial.
Los trabajadores resguardan tribunales y juzgados en tres diferentes turnos, las 24 horas del día, sin importar las condiciones ni el cansancio. Llueve fuerte en las calles y los juzgadores dicen que “por dentro también”. Por este motivo, sub- rayan, van a permanecer “hasta lo que aguante” pregonando la importancia de frenar la reforma y solicitando diálogo con los actores políticos que impulsan el cambio.
“Es una ofensa dudar de alguien sólo por no coincidir. Si van a poner a impartir justicia a personas que no tienen carrera judicial o experiencia, sólo por favorecer intereses, es un problema, no es viable. Las reformas son necesarias, pero para progresar, no en prejuicio de la autonomía”, afirma Óscar Alonso Yáñez Payán, integrante del Consejo de la Judicatura Federal.