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Integrantes de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados lamentaron las modificaciones al reglamento de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con las que se pretende quitar el apoyo a estudiantes que participen en manifestaciones o que estén embarazadas, y adelantaron que buscarán frenarlas.
En el Senado, legisladores de oposición consideraron que la iniciativa es inconstitucional y muestra la cara autoritaria del gobierno que busca disminuir, en vez de garantizar derechos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, explicaron que buscarán frenarla a través de una mesa de diálogo y exhortos ante el pleno de San Lázaro. La presidenta de la Comisión de Educación, Flora Cruz, advirtió que las manifestaciones son un acto de libertad de expresión que no debería sancionarse.
“Esperemos que lo reconsideren. Nosotros desde la Cámara estamos en favor de los jóvenes, es muy poco el acceso a este tipo de becas en México, y creo que quienes logran acceder a ellas no deben tener ningún tipo de limitación”, puntualizó.
Al respecto, la diputada priista, Cynthia López, también integrante de la comisión, señaló: “Acompañaremos de un exhorto en la Cámara para que se echen para atrás las modificaciones al reglamento del Conacyt. Nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias”. El panista Juan Carlos Romero Hicks, exdirector del Conacyt, advirtió: “Conacyt va de ocurrencia en ocurrencia. Cerró su jurídico para no recibir quejas, lo cual es una situación anómala. Parece que están fuera de órbita. Aunque lograran aprobar esto, es sujeto de impugnación porque atenta contra los derechos humanos y eso lo garantiza la Constitución”.
La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, hizo un llamado a los integrantes de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) para evitar este intento de violar los derechos de la comunidad académica. “Me parece un contrasentido que... ese gobierno encabezado por un conocido manifestante, sea el que ahora quiere impedir a los alumnos manifestarse”.
El senador Damián Zepeda (PAN) dijo que el proyecto muestra a un gobierno federal que “ha resultado un persecutor de quien opina distinto, incluyendo estudiantes e investigadores”.
