Las primeras solicitudes de amnistía han llegado a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde las autoridades revisan al menos 350 expedientes de personas en reclusión que buscan recuperar su libertad por esta vía.
Según documentos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso por medio de la solicitud de información 0000400187120, las 350 peticiones fueron recibidas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía entre el 19 de junio y el 13 de agosto.
También se informó que 77% de las solicitudes de amnistía son de personas acusadas por cometer delitos contra la salud, en modalidades como el transporte, comercio, tráfico, exportación, importación y posesión.
El resto de las peticiones son por delitos del fuero federal e incluso del común: abigeato, abuso sexual, delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de arma de fuego, robo agravado, secuestro, tráfico de personas, uso de moneda falsa y violación.
Según la ley de amnistía, así como lo expuesto por abogados y defensores de derechos humanos, las personas que buscan su amnistía lo hacen porque consideran que cometieron su delito sin violencia, estaban en situación de pobreza o vulnerabilidad o pertenecían a una comunidad indígena y no tuvieron acceso a un traductor, entre otros factores.
Han pasado dos meses y medio de la creación de la Comisión de Amnistía y más de cuatro meses desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero la Segob informó que este mecanismo aún no ha concedido ninguna libertad.
De igual forma, indicó que la Comisión de Amnistía, encargada de revisar y resolver las solicitudes, sólo ha sesionado una vez y no lo volvió a hacer al menos hasta el 13 de agosto.
Los especialistas consultados cuestionaron la lentitud con la que se ha puesto en marcha la ley de amnistía, además de acusar que hay falta de transparencia en su ejecución y tampoco se ha promovido lo suficiente entre las personas en reclusión.
“La amnistía no tiene que ser vista como un mecanismo de excarcelación solamente, es un reconocimiento que el Estado le debe a estas personas privadas de su libertad a las que persiguió, criminalizó y privó de la libertad, por eso es importante que sea el mismo Estado el que garantice las condiciones para que esta ley sea real”, dijo Viridiana Valgañón, abogada de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres.
En entrevista, la experta señaló que desde su asociación tienen proyectado que la ley puede beneficiar a 4 mil 600 personas acusadas por delito federal, por lo que las 350 solicitudes que ya se tienen equivalen a menos de 10% de esa cifra.
La organización asesora a distintas mujeres privadas de su libertad para que accedan a este mecanismo. Refirió que el delito contra la salud en la modalidad de transporte es en el que más se involucra este sector.
Según la información obtenida por transparencia, de las 272 personas que han solicitado su amnistía por delitos contra la salud, 174 cometieron el ilícito en la modalidad de transporte.
“En la mayor parte de los casos de transportación las personas privadas de la libertad son mujeres con perfiles específicos: en situación de vulnerabilidad económica, habitaban una comunidad con dificultades económicas y extrema marginación, indígenas o que fueron coaccionadas por sus parejas o familiares hombres para cometer este delito”, aseveró la abogada Viridiana Valgañón.
Parche para acceder a la justicia
Aunque la Segob informó que desde antes de la creación de la comisión recibió 2 mil 487 peticiones de libertad, éstas no se tomaron en cuenta para este trabajo, porque sólo 16 fueron por delitos del fuero federal, es decir, esa pequeña parte entra en la jurisdicción del gobierno central.
Sobre las 350 solicitudes de liberación y los retos de la ley de amnistía, Jacobo Dayán, experto en Derechos Humanos y profesor de la Ibero, comentó: “La implementación de la ley es corta, es deficiente, ha sido lenta y no ataca los problemas de raíz, es decir, lo que hace es intentar hacer justicia con las personas que están injustamente apresadas, pero no resuelve el problema de la procuración de justicia”.
Para el especialista, no valdrá la pena sacar de prisión a personas vulnerables, si no se les brindan herramientas para reinsertarse en la sociedad, al mismo tiempo que las autoridades deberían dejar de encarcelar a activistas, ciudadanos e indígenas por delitos como el aborto, contra la salud o el robo simple, que son los considerados para la amnistía.
“Las amnistías, por lo regular, se implementan en modelos de justicia transicional profundos, es decir, donde hay una comisión de la verdad y aquí lo que tenemos es un parche”, criticó Dayán.
Las autoridades tienen cuatro meses para resolver todas las solicitudes, por lo que, si se apegan a los tiempos establecidos, para finales de año tendría que haber algunas personas liberadas.
