nacion@eluniversal.com.mx
Especialistas en temas de seguridad criticaron que la Secretaría de Gobernación haya entablado un diálogo con grupos armados, ya que consideraron que esta estrategia no se hizo pública desde un inicio y no hay un marco legal para regular las conversaciones.
También aceptaron la necesidad de acabar con las autodefensas y grupos de la delincuencia organizada; sin embargo, señalaron que el gobierno debe ser asesorado por estudiosos del tema para evitar consecuencias políticas y sociales.
“El gobierno tuvo un acierto al hablar del tema [pero] las palabras de la secretaria [Olga Sánchez Cordero] no están respaldadas con una estrategia que nos dé más detalles sobre la desmovilización de los grupos armados”, aseveró David Ramírez de Garay, coordinador del Programa en Seguridad de México Evalúa.
Advirtió sobre los riesgos de acercarse a grupos armados sin antes haber realizado un diagnóstico profundo: “Hay que saber con qué tipo de autodefensas y en qué tipo de territorios se puede entrar. Tan sólo hay que pensar en lo ocurrido en Michoacán en el sexenio pasado, cuando en un esfuerzo por desmovilizar a estas organizaciones se incorporaron a la policía rural, que dependía del gobierno federal, y luego resultó que tenían vínculos con grupos del crimen organizado”.
Por su parte, Juan Francisco Torres Landa, secretario del consejo de México Unido Contra la Delincuencia, opinó que antes de iniciar cualquier diálogo de este tipo se debe construir una legislación que especifique cómo ocurrirá y quiénes participarán, así como los mecanismos para dar a conocer los resultados.
“No se sabe qué tipo de sanciones ni de beneficios puede haber para esos grupos”, señaló.
Agregó que incluso el diálogo que se está llevando a cabo podría estar violando leyes federales, ya que las autoridades podrían estar negociando con personas que podrían ser parte del crimen organizado.
En tanto, Jorge Alberto Lara, académico de la Universidad Panamericana, señaló que, desde su campaña, Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no se lucharía contra el crimen organizado y que iba a impulsar una amnistía, “una muy buena noticia para los grupos armados, pues [eso] significa impunidad”.
Consideró que a partir de esta promesa, la violencia ha repuntado, “porque los criminales se [sienten] muy libres y sueltos”.
