Crimen vulneró a 45 mil mujeres en doce años

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Durante los últimos 12 años, al menos 45 mil 719 mujeres han sido víctimas del crimen organizado en México, según un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob) al que EL UNIVERSAL tuvo acceso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El documento Casos de violencia en los que las mujeres fueron víctimas de la delincuencia organizada revela el asedio que este sector de la población ha sufrido por parte de bandas delictivas desde hace tres sexenios.

Aunque se solicitó a la Segob que explicara qué tipo de agresiones son las que sufren las mujeres, en este apartado no hubo una respuesta concreta.

Asociaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través de la documentación de casos y el acompañamiento de víctimas, indican que las agresiones del crimen organizado contra la población femenina pueden ir desde las físicas, secuestro, trata de personas, violencia sexual y hasta feminicidio.

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La Segob recopila todos estos datos en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), una plataforma creada en 2007 con el objetivo de registrar las agresiones que recibe la población femenina en distintos ámbitos.

Desde su creación el Banavim fue registrando cada vez más agresiones de la delincuencia organizada: mientras en 2008 sólo tuvo conocimiento de un caso, en 2017 la cifra se elevó a 17 mil 331.

El 2017, penúltimo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue en el que se detectaron más actos violentos por parte de las bandas delictivas, según el documento oficial.

Las cifras del Banco Nacional se desagregan de esta manera por año: en 2009 no hubo ningún caso registrado; en 2010 fueron 12; en 2011 existieron 62; en 2012 sucedieron 207; en 2013, mil 832; en 2014, mil 365; en 2015 acontecieron 8 mil 35; en 2016 se tuvo conocimiento de 12 mil 315, y en 2017, 17 mil 331.

A partir de ese momento el Banavim comenzó a registrar menos casos, pues en 2018 sólo tomó cuenta de 4 mil dos incidentes; en 2019 fueron 552, y en los primeros dos meses de 2020 se han registrado cinco.

Organizaciones sociales como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Equis Justicia para Mujeres resaltaron la importancia de tener este tipo de datos, ya que ayudan a generar políticas públicas. Al mismo tiempo lamentaron que estas cifras podrían estar incompletas, porque el Banavim no alcanza a captar todas las agresiones que se cometen contra mujeres.

Según la página oficial del Banavim, esta base de datos está conformada por la información que le proveen “las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres”.

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Las organizaciones critican que las autoridades ministeriales no se atreven a investigar un feminicidio cuando hay indicios de que un grupo criminal participó en el crimen, lo cual genera un círculo de impunidad que a la larga se vuelve casi imposible de romper.

“Cuando en una calle aparecen mujeres quemadas, mutiladas o embolsadas, a las autoridades se les hace fácil decir que fue el crimen organizado y por eso no va a investigar, porque no tienen condiciones de seguridad para realizar esa labor y eso también debería preocuparnos, porque estos feminicidios están quedando impunes”, señaló María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Esta entidad, conformada por más de 40 organizaciones sociales, no solamente acompaña a los familiares de víctimas de feminicidio, sino que también litiga casos. Es por ese motivo que sus integrantes han vivido de cerca la revictimización que sufren las mujeres que pudieron haber sido asesinadas por una banda delictiva.

“‘No pagó la cuota y la mataron’, dicen en el Ministerio Público cuando les llega un caso de este tipo, o también dicen: ‘Quién sabe en qué andaba metida’. Esos estigmas, de nuevo surgidos del machismo y la incompetencia, están provocando que a las mujeres sigan siendo asesinadas de manera violenta”, dice la coordinadora del observatorio.

Desde su perspectiva, los feminicidios cometidos por el crimen organizado son aún más propensos a no ser investigados, aunque la complejidad de todos los casos es la misma. Además, María de la Luz Estrada señala que las autoridades deben entender este problema para planear políticas de seguridad específicas para que el crimen organizado deje de asediar a la población femenina.

Las cifras del Banavim ponen, por mucho, al Estado de México como la entidad en la que más agresiones comete el crimen organizado contra la población femenina. Entre 2008 y 2019 hubo un total de 42 mil 854 incidentes en territorio mexiquense, lo que equivale a 93.7% de los casos registrados.

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Sin embargo, es por esta clase de cifras que las defensoras de los derechos de las mujeres llaman a las autoridades a hacer una base de datos completa, donde todos los estados de la República reporten los incidentes que hayan detectado.

Isabel Erreguerena, coordinadora del Área de Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres, alerta sobre un aumento en la violencia contra las mujeres en el espacio público, consecuencia del “fracaso” de la estrategia de seguridad pública implementada desde el sexenio del presidente Felipe Calderón de combatir al narcotráfico con las Fuerzas Armadas.

“Debemos dejar de vernos en burbujas y entender que la política de seguridad no está funcionando, que la militarización no está funcionando, que no queremos una Guardia Nacional con un mando militar, hay que apostarle a las policías locales, todo lo que se ha discutido sobre el fracaso de la guerra contra las drogas y la militarización afecta a las mujeres. Por eso el fracaso de seguridad del país es el fracaso de la política de seguridad de las mujeres”.

Dijo que una medida para cuidar a las mujeres es que los centros especializados en la atención para ellas deben tener mecanismos de atención para proteger a las mujeres que han sido violentadas en el ámbito público y no sólo se debe pensar en atender las agresiones que suceden en los espacios privados.

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