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Durante la pandemia por el Covid-19 los sistemas de justicia en América Latina tuvieron una parálisis total durante pocos días, México no fue la excepción y la situación deja a sus poderes judiciales diversas lecciones por aprender, consideró el director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Jaime Arellano Quintana.
En entrevista con EL UNIVERSAL externó su preocupación porque la nueva normalidad exige a los países, específicamente a México contar con una fiscalía que funcione adecuadamente y poderes judiciales que privilegien la transparencia en casos de interés público sin utilizar la pandemia como pretexto para cerrar sus puertas.
Indicó que el Covid-19 deja como lección que todos los países deben invertir más en tecnologías de la información y en garantizar el acceso a internet, pues las desigualdades socioeconómicas se profundizaron durante la emergencia sanitaria.
¿Cómo se comportó la justicia en América Latina durante la pandemia?
—Rápidamente, los poderes judiciales decretaron mantener la operatividad en servicios esenciales, en general, para audiencias en las que se debía resolver lo relativo a la revisión de medidas cautelares, control de la detención, libertades. Otro aspecto, fue todo lo que tenía que ver con violencia doméstica y convivencia de niños con sus padres, aunque esto, consideramos que se mantuvo en el papel porque en la práctica hubo diferentes circunstancias que no permitieron llevarlo totalmente a cabo.
En países como Perú, México o Argentina se produjo una disparidad muy fuerte en el sentido de que en muchos casos las autoridades judiciales locales empezaron a tomar decisiones por su cuenta y la regla general de los servicios prioritarios se aplicó en modos distintos en diversas regiones de un país, incluso hubo jueces que empezaron a tomar resoluciones muy dispares sobre lo que debía ser prioritario.
¿Cómo va a impactar la suspensión de plazos judiciales que se dio al inicio?
—Prácticamente todos los países suspendieron sus plazos procesales en materias no esenciales, como civil, comercial o mercantil. Esto significó que en la gran mayoría de los países se produjo una acumulación de causas por iniciar.
En el caso mexicano, la mayoría estaban yendo a los recintos judiciales con cierto distanciamiento, se da prioridad al control de la legalidad de la detención, auto de vinculación a proceso, se empieza a manejar con mayor decisión estratégica por el Ministerio Público, porque en algunos casos empiezan a correr los términos para investigación complementaria y la autoridad empieza a retener las decisiones de formalizar a menos que se vea forzado por las garantías constitucionales.
Las audiencias de Emilio Lozoya, implicado en el caso de corrupción de Odebrecht se informaron por WhatsApp ¿esta modalidad es ideal?
—Me parece que la pandemia no debe ser excusa y, por el contrario, debe ser una razón más poderosa aún para asegurar la transparencia y publicidad de la actividad jurisdiccional en general y en materias penales.
No me parece que la pandemia sea una excusa para no dar publicidad a audiencias de juicio que son especialmente de interés público, puede haber una dificultad tecnológica que lo justifique, puede ser, pero en general si no hay ese impedimento técnico, más bien las tecnologías y las audiencias por videoconferencia sobre plataformas electrónicas permiten que muchas más personas sepan de la realización de una audiencia que las que normalmente saben.
Si no se puede transmitir a todo el mundo, debieran al menos los medios de comunicación tener una señal que les permita ver en vivo lo que ocurre, de manera que haya representantes del cuarto poder que nos informen de lo que está ocurriendo con mucha pedagogía de qué es lo que pasó en esa audiencia respectiva.
En una etapa de excepción o de emergencia como la pandemia debería de haber igual o incluso más transparencia, siempre y cuando las condiciones técnicas y del caso lo permitan, porque esa es la manera en la que ciudadanía sabrá que el sistema sigue funcionando de manera normal y no que ocurren cosas extrañas.
¿Cómo manejó México los casos de violencia doméstica y derecho de familia?
—En México no fue distinto al resto de América Latina, aumentó la violencia doméstica por el confinamiento y se retardó muchísimo la solución de este tipo de situaciones de convivencia de familia en los sistemas de justicia. Vimos en otros países que se implementaron protocolos de llamadas falsas para pedir ayuda en donde la víctima finge estar pidiendo una pizza y la persona de la autoridad que está al otro lado del teléfono está capacitada para entender que eso que está diciendo la víctima es una llamada de auxilio, pero que tiene a su agresor a un lado, también se implementaron señales disimuladas para que a través de videoconferencia las personas pudieran decir con señas leves que estaban siendo víctimas de violencia, pero eso no pasó en México.
La pandemia nos tiene que enseñar a todos a avanzar en ciertos protocolos en casos de crisis.
¿Cómo será la nueva normalidad en tribunales?
—Vamos a volver a una nueva normalidad o seminormalidad, porque este tema de la pandemia no ha concluido y se prevé que al menos dure hasta el otoño de 2021. Esto quiere decir que los tribunales van a tener que seguir funcionando de manera semipresencial.
