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Para realizar un registro e identificar a las niñas, niños y adolescentes que están en estado de orfandad a causa de la pandemia por Covid-19 , la diputada federal panista Sonia Rocha Acosta, pidió reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La finalidad, agrega, es llevar un control exacto de este grupo poblacional dentro del Sistema de Información que sirva de base para el diseño, implementación y seguimiento de la s acciones y políticas públicas para su debida atención.
Las modificaciones a los artículos 29 y 116 de dicha ley, también proponen establecer que corresponderá a las autoridades federales y locales de manera concurrente, la atribución de llevar a cabo las acciones y políticas públicas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en estado de orfandad a consecuencia de la pandemia de coronavirus , los cuidados necesarios para salvaguardar su vida, integridad y el ejercicio pleno de los derechos establecidos en esta ley.
El documento, remitido a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia , señala que el virus ha ocasionado la muerte de miles de personas, muchas de ellas padres y madres de familia o incluso cuidadores de menores de edad . Así, miles de niñas y niños han perdido algún progenitor, cuidador o cuidadora, o a ambos progenitores.
Menciona que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), señaló que más de 118 mil niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional habrían quedado en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia por el Covid-19.
De acuerdo con una investigación realizada en colaboración con los sistemas estatales y municipales, la UNAM y la FAO, 86 mil 188 niñas, niños y adolescentes perdieron a su padre, 32 mil 50 a su madre y 124 a ambos.
La organización México Social hace referencia a una investigación The Lancet respecto a niñas, niños y adolescentes que han quedado en estado de orfandad por haber perdido a su madre o padre u ambos a causa de la pandemia por el Covid-19, en la que señala que es un sector altamente vulnerable que requiere la atención interdisciplinaria que debería incluir trabajo social, psicología, medicina y, desde luego, otro tipo de intervenciones especializadas de los gobiernos para garantizar su adecuada educación y en general el acceso a condiciones adecuadas de bienestar que garanticen su vida presente y futura.
Por ello, agrega la diputada Sonia Rocha Acosta, es necesaria la intervención del Estado para contrarrestar las consecuencias desafortunadas que pueden padecer los menores de edad, mediante políticas públicas eficaces que busquen solucionar los problemas apoyando a las y los infantes y adolescentes a salir adelante, a pesar de experimentar la pérdida de vidas de sus cuidadores y protectores.
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kl