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A más de cuatro mil kilómetros de Venezuela, su país natal, Iriam González y Rosmary Vieras se enfundaron en su uniforme médico para ayudar a atender la emergencia sanitaria del Covid-19 en la Ciudad de México, donde los contagios se siguen contando por cientos.
Aunque nacieron en diferentes ciudades, Iriam y Rosmary tienen historias parecidas: se conocieron hace 10 años en la Universidad de Carabobo, cuentan con una especialidad médica y enfrentaron las carencias alimentarias, educativas, laborales y de salud de Venezuela.
Ahora las dos se encuentran en los hospitales Enrique Cabrera y General de Tláhuac, de la Secretaría de Salud de la capital, donde trabajan codo a codo con otros médicos.
Iriam, cirujana, y Rosmary, internista, son parte de los 17 médicos refugiados o solicitantes de asilo que están en la primera línea contra el Covid-19 en Aguascalientes, Chiapas y la Ciudad de México, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Para ellas la emergencia sanitaria se ha convertido en el reto más grande de su carrera, pero también la posibilidad de volver a ejercer su profesión luego de abandonar su país en busca de una mejor vida.
El cubrebocas se ha convertido en una parte más de su cuerpo; ni siquiera se lo quitan cuando van a dormir, para cuidar a sus familias. Y así, con esta protección que apenas deja ver su mirada, rememoran las dificultades de vivir en Venezuela.
Aseguran, por ejemplo, que un profesionista gana alrededor de 20 dólares mensuales; es decir, 446 pesos. Esta situación hace que comer una vez al día sea un lujo para algunas familias, mientras que comprar medicamentos, salir a divertirse o tomar cursos académicos son cuestiones que están lejos del imaginario de los habitantes.
Por su parte, Iriam agrega: “Tengo 33 años y fui a marchas desde que tenía 14. Llevo casi la mitad de mi vida tratando de que mi país cambie. Decidí venir porque [allá] hay una situación demasiado crítica, no es posible tener un buen futuro”.
Una vez tomada su decisión, las doctoras salieron rumbo a México. Iriam llegó primero, hace tres años, con la fortuna de tener un hermano que le ayudó a adaptarse, aunque enfrentó dificultades y rechazo al momento de conseguir empleo.
Rosmary arribó a nuestro país apenas el año pasado. A su llegada, agentes migratorios la retuvieron en el aeropuerto de la capital y quisieron hacerle firmar un documento para forzar su deportación. Al resistirse, las autoridades la enviaron a la estación migratoria Las Agujas, en Iztapalapa, y posteriormente a un refugio, donde se reencontró con su amiga Iriam y pudo salir.
Ya asentadas en nuestro país y en medio de la pandemia, ambas participaron en una convocatoria del sector Salud para sumarse a las filas de un hospital. En una semana fueron aceptadas, pues validaron sus títulos y cédulas profesionales ante la Secretaría de Educación Pública.
Iriam está en el área de urgencias del Hospital Enrique Cabrera, mientras que Rosmary coordina a médicos residentes en el General de Tláhuac, en un piso para pacientes recuperados de Covid-19.
Hasta ahora, la ACNUR ha identificado a 114 personas refugiadas o solicitantes de asilo con formación médica, quienes podrían sumarse a algún instituto médico durante la emergencia sanitaria. Todos ellos provienen de países como Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Colombia.
Trabajar en el sector Salud ha significado una nueva oportunidad para estos médicos extranjeros, quienes aspiran a permanecer en México muchos años más.
Rosmary afirma que seguirá en México, incluso trabajando en el mismo hospital, aunque lamenta haber dejado a su mamá, hermanos y primos.
“Más que querer volver, es querer sacarnos a todos de Venezuela”, dice con nostalgia la internista.
