El pleno del Senado de la República aprobó una reforma que sanciona hasta 15 años de cárcel a funcionarios públicos que sustraigan vacunas contra el Covid-19 o medicamentos y tanques de oxígeno que pertenezcan al sector Salud.
La reforma a la Ley General de Salud, avalada por 81 votos a favor y 10 en contra, crea un tipo penal para el robo de vacunas, ya sea que estas pertenezcan a un programa universal o se implementen en medio de una emergencia sanitaria, como la que actualmente vive el país por la pandemia de Covid-19.
Se aprobó una pena de tres a 10 años de prisión y multa de 300 a tres mil veces la Unidad de Medida de Actualización (26 mil 886 a 268 mil 860 pesos), cuando las vacunas tengan como propósito la inmunización de un agente patógeno.
Similar sanción aplicará cuando algún medicamento o alguna ayuda funcional sea de uso esencial durante la acción extraordinaria.
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“Cuando la persona sea servidora pública y cometa alguna de estas dos conductas, se le aplicará una pena de 5 a 15 años de prisión y multa de 300 a tres mil veces la Unidad de Medida de Actualización".
La reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados, señala que durante la pandemia el robo de medicamentos se disparó 82.5% sólo en el año 2020 y el valor del mercado negro puede alcanzar los mil 500 millones de dólares.
Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, lamentó la lentitud con la que el gobierno mexicano ha implementado la Jornada de Vacunación de la población joven en el país y solicitó se dé a conocer en dónde se encuentran más de 42 millones de vacunas que no se han aplicado, pues, alerto, podría haber funcionarios que estén lucrando con estas vacunas en el país.
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La senadora del PRI, Sylvana Beltrones, dijo que el robo de medicinas es un fenómeno de delincuencia organizada.
“Se necesita toda la fuerza del Estado para poder combatir una situación que pone en peligro de forma frontal la vida e integridad de miles de familias”.
El senador del PRD, Antonio García Conejo, denunció que en México existe una organización criminal que trafica con fármacos ilegales en los estados Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
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