Para el ministro en retiro José Ramón Cossío, sí es necesario que en el Poder Judicial haya una reforma para fortalecer la justicia en México; sin embargo, la propuesta específica del presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por votación en urnas no es parte de la solución, “pues lejos de fortalecer, debilita”, ya que eliminaría de tajo los contrapesos en México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el doctor en Derecho señala que los ministros del Máximo Tribunal no son una “casta divina” como acusa el Jefe del Ejecutivo federal, aunque sí considera que ese poder debe autorregularse y moderarse en sus beneficios económicos. Para el constitucionalista, “el Presidente tiene una imagen distorsionada de la democracia”, al creer que el ganador se lleva todo y el perdedor no se lleva nada, lo que lo lleva a no aceptar que haya otros órganos constitucionales como la SCJN, el INE o el Inai.
Considera que México no puede quedar sin arbitrajes, pues esto sería altamente peligroso y llevaría a una crisis política.
También asegura que desde el estricto punto de vista constitucional, “no hay sustento” para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean llamados a comparecer y mucho menos a un juicio político, ya que se trata de un poder autónomo.
¿Hace falta en México otra reforma al Poder Judicial?
—Yo creo que sí, yo creo que la reforma que se hizo recientemente formalizó muchos de los temas que ya estaban en la Defensoría Pública, se mejoró el sistema judicial, pero me parece que hay elementos de una enorme importancia que no se modificaron, como son las condiciones del amparo directo, no se generó una nueva condición en la carrera judicial, entonces creo que sí habría que hacer algunas reformas.
¿Qué opina de la iniciativa de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador planea presentar en septiembre de 2024 para que los ministros sean designados a través del voto popular?
—Yo, francamente, creo que es una muy mala idea por varias razones; primero, el Presidente ha dicho que tiene esto un sustento histórico con base en lo que se dio en la Constitución de 1857, pero yo creo que ahí el Presidente ha perdido de vista que había una diferencia fundamental entre el sistema electoral de la Constitución de 57 y la actual, porque ahí era una elección indirecta de primer grado.
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Las personas elegían un Colegio Electoral y este votaba, entonces estaba la diferencia de que no había partidos políticos, y otra cosa es que las personas que se eligieron tenían una posición muy vinculada con el régimen.
Los regímenes constitucionales modernos lo que han buscado es que haya un distinto origen, una distinta legitimación entre las autoridades que son electas democráticamente con respecto a las que tienen que llevar a cabo el control, ¿qué pasa si van a la misma elección diputados, senadores, Presidente y ministros? no va a haber diferencia electoral entre unos y otros, los ministros van a depender de la misma mayoría que votó en las cámaras y en la Presidencia y no van a ejercer ningún sistema de frenos y contrapesos respecto de los electos.
Al final de cuentas, la pregunta es esta: si los ministros provienen de la misma elección, ¿quién protege a las minorías y quién controla las mayorías?
¿Son los ministros de la Corte una casta divina como dicen Morena y el Presidente?
—Yo creo que no, yo creo que son ejercicios muy retóricos que hace el Presidente para descalificar, ¿por qué sería una casta divina?, ¿por qué tiene un término del ejercicio el cargo?, pues también lo tienen los senadores, ¿por qué tienen unas causas específicas de responsabilidad?, también lo tienen diputados, senadores y el Presidente de la República.
Creo que el Presidente ha concentrado toda la crítica con relación a los sueldos de los ministros, pues ese salario está escondido en un número diverso de prestaciones, si uno suma la totalidad de los elementos que tiene, se podría considerar que el ingreso del Presidente es superior casi cuatro veces a lo que él dice.
¿Los ministros deberían moderar sus beneficios económicos y tener ingresos inferiores a los del Presidente o su salario y prestaciones están justificados?
—Sí, convendría que se hiciera una revisión puntual sobre qué es lo que están recibiendo, sería cuestión de identificar el listado general de las prestaciones y ellos mismos en un ejercicio, pues ver cuáles son razonables y cuáles no lo son, y sobre eso proceder a hacer una determinación, pero eso sí, creo que es un ejercicio que se debería hacer más internamente que venir desde fuera, y considero que la ministra Piña lo está haciendo de la manera correcta.
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¿Es parte de la democracia que el Presidente critique y acuse de corrupción a los ministros de la Corte?
—El Presidente tiene una imagen distorsionada de la democracia, piensa que la democracia se reduce en el resultado de las elecciones y esto me parece incorrecto, una democracia completa requiere, y así está establecido en la Constitución, de órganos representativos, el Presidente tiene esta concepción donde el ganador se lleva todo y el perdedor no se lleva nada y no es así, esto le lleva a no aceptar que haya otros órganos constitucionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE, el Inai, etcétera, que en un determinado momento estén en una condición de ponerle un alto.
¿Cuáles son los riesgos de que continúen las descalificaciones desde Palacio Nacional a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández?, y a los ministros que no son incondicionales?
—La capacidad de resolver los conflictos que estamos viviendo y al no poder resolver los conflictos que estamos viendo, que esto no tenga visos o soluciones de orden, lo que sí me parece un gran problema. No es el primer caso que se da, ha habido muchos regímenes políticos, voy a poner un ejemplo, no es exactamente esto, pero en el caso de Porfirio Díaz, me parece que la dinámica de todo el porfirismo generó una enorme cantidad de conflictos y no se crearon los órganos ni los procedimientos ni los arbitrajes necesarios para resolverlos.
Creo que el presidente López Obrador, en su afán de transformar al país, está generando una enorme cantidad de conflictos de muy distinta naturaleza y él mismo no está generando los mecanismos para resolver no sólo los conflictos históricos del país, sino los conflictos que él mismo está generando; entonces, insisto, a quien le conviene tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación que no tenga legitimidad, que al actuar no tenga capacidades para efectos de resolver los conflictos, con toda franqueza es al presidente López Obrador.
No nos podemos quedar sin arbitrajes, esto es altamente peligroso, yo creo que muchas de las crisis políticas que se han presentado a lo largo de la historia tienen que ver con eso, no hay quien resuelva los conflictos.
¿Tiene sustento lo que dijo el gobierno federal en el sentido de que la Suprema Corte sustituyó al Congreso al declarar la invalidez de la primera parte del plan B?
—Yo creo que no por una razón, el Congreso está conformado por personas que protestaron guardar y hacer guardar la Constitución, son personas que conocen o debieran conocer el orden jurídico mexicano, saben cuáles son los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de procedimiento, no se puede uno llamar a sorpresa, sería sorpresivo lo contrario, porque la Corte ha estado resolviendo históricamente bajo una misma línea.
¿El fallo apoyado por nueve de 11 ministros para declarar la invalidez de la primera parte del plan B es causal de juicio político?
—De ninguna manera, porque el juicio político es una medida extraordinaria que está prevista en la Constitución y los supuestos que están previstos en la Ley Federal de Responsabilidades ni remotamente me parece que sería un elemento de juicio político, las causas de juicio político están establecidas para otros supuestos.
¿Los ministros de la SCJN pueden ser llamados a comparecer ante el Senado para exigirles cuentas?
—Yo tengo la impresión que no, es un poder autónomo, los supuestos de comparecencia están previstos en la ley y no atienden a estos supuestos, si se les llama a comparecer y los ministros voluntariamente quieren ir y participar, podría ser.