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Al sepultar la segunda parte del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones al proceso legislativo, cinco ministros rechazaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise asuntos superficialmente como lo expresó su homóloga Yasmín Esquivel Mossa.
En su pronunciamiento contra la invalidez de las reformas, Esquivel Mossa consideró que anular una norma sólo por vicios legislativos resta credibilidad al Máximo Tribunal del país, que está llamado a ir al fondo de los contenidos de orden jurídico y no simplemente a verificar si los legisladores cumplieron con sus reglamentos para procesar una ley.
“Quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales, por cierto, cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad, especialmente en esta materia, la electoral, en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la SCJN una labor sustantiva, de mayor profundidad y no de un mero cotejo y palomeo de formalismos procedimentales que acontecen en el quehacer cotidiano en los órganos legislativos”, reviró a sus compañeros ministros.
La ministra Esquivel Mossa dijo que la SCJN no debe erigirse como impulsora de las buenas prácticas parlamentarias y anular todo el trabajo legislativo bajo la óptica y pretexto de que no se cumplió con el “análisis microscópico de la debida tramitología”.
“Estamos llamados a revisar la regularidad constitucional de los contenidos del orden jurídico nacional, porque esta función es la que efectivamente redunda en el equilibrio de los Poderes de la Unión. Simplemente erigirnos como gestores de las buenas prácticas parlamentarias, es una aportación limitada para lo que la Constitución nos exige, que es la de poner fin a los conflictos”, agregó.
El ministro Luis María Aguilar Morales respondió a Esquivel Mossa que el respeto a las reglas legislativas, lo que no ocurrió en la aprobación de la primera y segunda parte del plan B, según determinó el pleno del Máximo Tribunal, “no es una minucia ni una mera solemnidad ni implica un estudio superficial”.
Aguilar Morales subrayó que cada uno de los elementos que conforman el proceso de creación de leyes confluye en una finalidad común: garantizar que el Congreso de la Unión emita las normas más justas, más democráticas y que representen en la medida de lo posible el sentir del pueblo de México.
“No respetar las reglas del procedimiento legislativo, para mí, es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que representan a un sector importante del pueblo de México”, sentenció.
Para el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados omitió justificar la dispensa de trámites y no publicó con la anticipación debida la iniciativa de la segunda parte del plan B.
El ministro Alberto Pérez Dayán, quien propuso la invalidez de la primera parte del plan B, precisó que el proceso legislativo no son simples formas, sino reglas que la democracia mexicana estableció en la Constitución para dar validez al orden jurídico nacional.
“No se puede ser deferente con nadie si lo que se viola es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa que todos nos comprometimos a guardar y hacer guardar”, argumentó.
Ante lo expresado por Esquivel Mossa, el ministro Juan Luis González tomó por segunda ocasión la palabra durante la sesión para manifestar que el estudio de los vicios legislativos no es superficial, pues la forma es fondo.
“El estudio de los vicios del procedimiento legislativo no es nunca superficial, la forma es siempre fondo cuando no se garantiza una deliberación democrática. La deliberación es fundamental para la democracia y para la vida práctica”, puntualizó.
La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, coincidió con lo expresado por los ministros Aguilar Morales, Pérez Dayán, González Alcántara.
“Considero que la auténtica democracia deliberativa en el parlamento sólo puede construirse con las reglas que el mismo legislador se ha impuesto conforme a nuestro propio orden constitucional”, señaló.
Aunque votó a favor de eliminar la segunda parte del plan B, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea insistió que sólo debe desecharse un proceso legislativo cuando los vicios detectados en el mismo son graves y con efectos invalidantes que afectaron la discusión deliberativa democrática.
“He sostenido que solamente podemos invalidar los procesos legislativos cuando hay violaciones graves al proceso legislativo, cuando se afectó el debate democrático, cuando las mayorías y las minorías en el Congreso no pudieron participar en igualdad, cuando no se respetó la forma de votación o cuando no fueron públicas estas discusiones y votaciones”, insistió el ministro.
Al plantear su proyecto, el ministro Javier Laynez Potisek afirmó que el plan B era la reforma en materia de competencias y organización del Instituto Nacional Electoral (INE) más importante en los últimos 20 años, que no fue dictaminado y que se discutió en un periodo de cuatro horas y media.
“Se estaba ante reformas en materia electoral y en materia de competencias y organización del INE más importantes en los últimos 20 años, que no fueron dictaminadas y que fueron discutidas y aprobadas en un periodo de cuatro horas y media”, señaló.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf consideró que “las causas por las cuales es posible invalidar una ley por vicios del procedimiento, tienen que ser suficientemente graves a fin de no trastocar la autonomía parlamentaria del Congreso de la Unión”.
