Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá la discusión de la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada en el Congreso de la Unión en marzo de 2021.

El proyecto fue realizado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien propone al pleno declarar que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no impide la libre competencia y la concurrencia de las empresas privadas en el sector pese a que otorga preponderancia y refuerza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Ninguno de los artículos impugnados impide el proceso de competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica ni limita el acceso de agentes económicos a éste, y tampoco elimina o prohíbe acciones en perjuicio de los participantes del mercado, quienes se encuentran en un plano de igualdad”, señala.

“La modificación del orden de despacho no evita el ingreso de diversos actores al mercado eléctrico mayorista, pues únicamente se incorporan nuevos mecanismos de participación aplicables a todos los usuarios”, dice.

La ministra explicó en sesión del pasado 5 de abril que la reforma establece que los contratos que celebre el gobierno con empresas productoras de energía serán con la obligación de entrega física del total del producto contratado y propuso declarar constitucional también esta parte de la ley.

Esto, porque antes esos contratos permitían que si las empresas no entregaban la totalidad de la energía contratada, podían pagar y no se les tomaba como incumplimiento, lo que provocaba que se hicieran dobles contrataciones por el mismo servicio.

Para que la propuesta sea avalada se requiere una mayoría simple, es decir, que seis ministros la apoyen; sin embargo, con sólo cuatro votos a favor se impide la declaratoria de invalidez de la reforma.

Para que la misma sea declarada inválida se requieren ocho votos de los ministros, es decir, mayoría calificada.

Hasta ahora sólo dos ministros se han pronunciado contra la declaratoria de validez de la preponderancia otorgada a la CFE, que se le retiró con la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto de 2013 y abrió el mercado a la iniciativa privada.

Los ministros que se pronunciaron contra esto fueron Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes afirmaron que esto es violatorio del derecho al medio ambiente, a la salud y al principio de libre competencia contenidos en la Constitución.

Si la reforma se invalida en su totalidad quedaría vigente la legislación aprobada en 2013, pero si se invalida sólo en algunas porciones los ministros pueden requerir al Congreso para que legisle y ajuste la ley al criterio que establezca el pleno.

El ministro González Alcántara Carrancá abundó que el apartado de la ley que permite que cualquier central eléctrica pueda constituirse como una central eléctrica legada, siempre y cuando sea propiedad del Estado, es una medida que viola la libre competencia.

“Implica que la Comisión Federal de Electricidad suministrador de servicios básicos pueda contratar con la Comisión Federal de Electricidad generación para la obtención de energía sin pasar por un mercado competitivo, lo que desplaza a todos sus competidores.

“La medida también contraviene los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud”, precisa.

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