La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar un amparo del gobierno de Puebla contra el pago de una indemnización millonaria a una empresa que incumplió con la construcción del libramiento poniente de la capital del estado en 2009.
Con el voto en contra de los ministros Javier Laynez Potisek y Lenia Batres Guadarrama, la Segunda Sala dejó firme la sentencia de un Tribunal de Justicia Administrativa contra las autoridades poblanas, a quienes la constructora les exige que le paguen el monto total de la inversión que realizó para el proyecto libramiento, más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían.
En marzo de 2009, la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones, S.A. de C.V, obtuvo la adjudicación para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del libramiento poniente de la capital de Puebla.
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El gobierno de Puebla había destinado una inversión de más de 640 millones de pesos y le daría los derechos a la empresa para explotar la vía por 30 años.
Sin embargo, en junio de 2012 el gobierno de Puebla anunció que retiraría esta concesión debido a la falta de avance en las obras.
Ante ello, la constructora pidió al gobierno de Puebla el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión, petición ante la cual no hubo reacción, por lo que promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa local.
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En consecuencia, el Tribunal de Justicia Administrativa declaró la negativa ficta, es decir, ante la falta de respuesta del gobierno de Puebla se debería dar la razón a la empresa demandante.
Ante ello, el gobierno de Puebla promovió un amparo directo, el cual fue sobreseído en un Tribunal Colegiado, y el recurso de revisión llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo turnó a la Segunda Sala.
En consecuencia, los ministros de la Segunda Sala desecharon por mayoría revisar este caso, dejando firme la sentencia en contra del gobierno estatal.
La ministra Lenia Batres advirtió que este tipo de interpretaciones de la ley favorecen a las empresas privadas impactando los intereses del erario, pues condenan al gobierno estatal que deberá cubrir una indemnización por una obra que no se concluyó, además de pagar el “monto total de la inversión que realizó para el proyecto libramiento poniente de la ciudad de Puebla, más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían.”
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