Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por anular la criminalización del aborto en Coahuila, establecida aun para casos de violación.
El análisis del asunto continuará hoy, pero con los ocho votos anunciados este lunes es suficiente para declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establece penas de hasta tres años de cárcel a las mujeres que se practican abortos de manera voluntaria.
Una vez que la Corte concluya el análisis y votación del asunto, el criterio que establece la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto será obligatorio para todos los jueces del país que conozcan de casos en los que se intente llevar a la cárcel a las mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos.
Lo anterior, debido a que con la reforma judicial aprobada se estableció un nuevo sistema de precedentes en el que las decisiones que tome el pleno avaladas por mayoría de ocho votos (calificada) y las de las salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para los jueces federales y locales.
El caso derivó de la acción de inconstitucionalidad presentada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) contra cuatro artículos del Código Penal de Coahuila.
El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien propuso sobreseer sobre el artículo 13 del código debido a que ya fue reformado.
Una vez que los ministros acordaron esto, Aguilar Morales explicó el análisis que realizó sobre los artículos 195 y 196, y aclaró que su propuesta, por invalidar el segundo de ellos, no trata de defender el derecho al aborto, sino el derecho de la mujeres a decidir libremente sobre su vida.
“El tratamiento que se da a la problemática analizada en el proyecto no es de ninguna manera una posición de establecer o defender un supuesto derecho al aborto, esto creo que debe quedar muy claro, sino de manera muy específica se trata del derecho humano de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a determinar su sentido de vida y su decisión sobre su cuerpo”, precisó el ministro.
“Someto a su consideración la oportunidad para que este país y este tribunal constitucional de la República defiendan los derechos de la mujer y de las personas con capacidad de gestar para tomar la decisión sobre su vida, su cuerpo y su libre elección a ser o no ser madre, sin que pese sobre ella una sanción penal de cualquier tipo, por benigna que parezca, generándole un estereotipo de delincuente, cuando no debe ser así, y propiciando con ello imposiciones, transgresiones y discriminación sobre su libertad y sus derechos”.
Agregó que el proyecto propone declarar que la Corte no puede adoptar una postura paternalista para obligar a mujeres a continuar con embarazos no deseados.
“No tiene cabida, para anular el derecho a decidir, una postura de corte paternalista que apoye la idea de que las mujeres necesitan ser ‘protegidas’ de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva, pues ese acercamiento conlleva una desconsideración de la mujer como un ser racional, individual y autónomo, plenamente consciente de las decisiones que, conforme a su proyecto de vida, son las que considera más convenientes”, dijo.
Los ocho ministros que alcanzaron a manifestar su apoyo a la propuesta, además del ponente Aguilar Morales, fueron Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
El ministro presidente Arturo Zaldívar se manifestó a favor del derecho de las mujeres a decidir y de declarar inconstitucional el artículo impugnado por la PGR.
“Todos estamos a favor de la vida, lo único que sucede es que unos estamos a favor de que la vida para las mujeres sea una en la que se respete su dignidad, que puedan ejercer con plenitud sus derechos”, señaló.
Enfatizó en que el tema del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos especialmente sensible por las consecuencias “dramáticas” que genera su penalización en la vida de las mujeres que son forzadas a continuar con embarazos no deseados.
“Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no sólo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional”, señaló.
