La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue manteniendo su independencia y autonomía, y no se deja intimidar o presionar frente al Presidente de la República, consideraron abogados constitucionalistas a EL UNIVERSAL.
Esto luego de que por unanimidad y sin discusión, el pleno de la Corte desechó el impedimento promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia, para que el ministro Javier Laynez se abstuviera de conocer la acción de inconstitucionalidad 214/2023.
Dicha acción está relacionada con la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores del PAN, PRI y PRD ante el Tribunal contra la reforma a la Ley Orgánica del PJF, que establece extinguir 13 de 14 fideicomisos que acumulan 15 mil 800 millones de pesos.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, resaltó que los impedimentos no se aplican en acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales.
Es decir, hay una manifestación expresa de ignorancia por parte de la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, hoy aspirante a ocupar el cargo de ministra de la Corte.
“Es una ignorancia total… La Consejería no dijo por qué se debería impedir la participación del ministro, no hay fundamento legal dentro de la ley reglamentaria de las fracciones primero y segundo del artículo 105 constitucional.
“Entonces, ¿cuál es el objetivo de parte de la consejera Jurídica de presentar un impedimento? A sabiendas que era totalmente infundado e improcedente, tan es así que las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que de forma normal votan defendiendo los proyectos del Presidente, votaron en contra, porque es notoriamente improcedente”, detalla.
El profesor de Derecho Constitucional de la UNAM explica que el ministro Javier Laynez Potisek podrá continuar con el estudio sobre la admisión de la acción de inconstitucionalidad.
Eventualmente, si la admite a trámite, tendrá que presentar un proyecto en donde se determine en su consideración si es o no inconstitucional este decreto a la ley orgánica del PJF, por el que se extinguieron los fideicomisos.
Claudia Aguilar, abogada y consejera de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, señala que el asunto que planteaba la consejera Jurídica era prácticamente indefendible y lo más grave es que forma parte de la terna que mandó el Presidente para que pueda llegar a ser ministra de la Corte.
Abunda que la determinación de la SCJN ya se esperaba y los impedimentos son una figura que no están previstos en la ley reglamentaria del artículo 105, es decir, la que regula acciones y controversias.
La abogada opina que no es causal de impedimento para que el ministro Laynez tuviera por qué estar impedido en este asunto.
“Él se ha destacado en ser estudioso, exhaustivo, técnico al momento de emitir sus proyectos y resoluciones… Con esta determinación la SCJN mantiene y ejerce su autonomía e independencia frente a los embates del Poder Ejecutivo federal”, sostiene.
Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refiere que la acción de los ministros muestra que era absurda la petición, debido a que estos impedimentos o excusas no están previstos para las acciones de inconstitucionalidad y procede cuando el propio ministro hace esa petición.
Subraya que hay una falta de argumentos públicos, la Consejería no dijo por qué se debería impedir la participación del ministro, parece una jugada mediática y política, más que una petición fundada en derecho.