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Especialistas aseguraron que si es aceptada la demanda de México contra las empresas fabricantes de armas en la Corte de Massachusetts y se llega a juicio, en éste se tendrá que definir si son o no responsables del daño que ocasionan por el ingreso ilícito de sus productos a territorio nacional.
Así lo indicaron juristas mexicanos consultados por los despachos estadounidenses que llevan el litigio presentado por México ante la Corte de Massachusetts contra ocho fabricantes de armas, a los que reclama actuar con negligencia al comercializar sus productos y constituirse con ello en complicidad con la delincuencia organizada.
“Este va a ser uno de los puntos más importantes del debate si el asunto avanza y se entra con el análisis del fondo del caso”, dijo el jurista Roberto Fernández.
El ministro en retiro, José Ramón Cossío, quien formó parte del grupo de abogados que emitieron una opinión favorable a la demanda planteada por México, explicó que desde la perspectiva de los argumentos de las armerías, no es lo mismo vender un producto neutro, como una pluma, que por sí mismo no pueda ocasionar un daño, a comercializar otros como pesticidas, medicamentos y armas que por su naturaleza sí causan un daño.
“Otro tema es el de la publicidad, estás vendiendo un arma para proteger a la familia o estás vendiendo un arma para que la utilices como rifle de asalto y para que te sientas empoderado”, comentó el ministro.
“Tú no estás vendiendo una cosa inocua, estás vendiendo algo que puede ocasionar un daño y las cargas que debías tener por la producción, la distribución, la trazabilidad de ese algo se van a incrementar”.
El jurista Juan Carlos Marín añadió que además de que México exige el pago de una reparación del daño, también se incluyó en la demanda la implementación de medidas de no repetición que, si el juez considera continuar con el litigio, podría cumplirse desde ahora.
Los abogados participaron en un seminario organizado por el Tecnológico de Monterrey sobre la demanda de México contra los fabricantes de armas, que fue moderado por el exsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien destacó que esta acción del Estado mexicano también puede servir para quitarle la normalidad al tráfico ilícito de armas.
“Derivado de la acción del Estado mexicano nos estamos poniendo la tarea de ‘desnormalizar’ este fenómeno, no puede ser que vivamos en un entorno en el que suponemos que se van a seguir vendiendo estas armas permanentemente. No hay duda que en el entorno de seguridad tenemos mucho que hacer con nuestras Fuerzas Armadas, nuestras policías, nuestros jueces, nuestros ministerios públicos, nuestra prevención, muchísima tarea que hacer, pero hay un esfuerzo aquí muy valioso que es quitarle la normalidad a este fenómeno extraordinario de la venta de estas armas tan potentes de manera casi irrestricta”, expuso.
En el evento también participó el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, quien coordina el litigio desde México y afirmó que también esta acción llama a la colectividad a terminar con la narrativa negativa histórica que hay sobre la existencia de armamentos en territorio nacional.
“Ni nos dimos cuenta y de manera histórica pensamos que las armas que hay en México son las que pierde el Ejército, las mandan los rusos o provienen de los conflictos de Centroamérica, no es así, 70%-90% de las armas que llegan al país provienen de Estados Unidos. Esta es una narrativa que tenemos que derrotar”, agregó Celorio.
“El acuerdo de comercio de armas es una oportunidad muy importante porque por muchos años nos hemos concentrado en evitar el desvío de las armas comerciadas legalmente [por los gobiernos], pero poco hacemos para evitar el tráfico ilícito. El Tratado sobre el Comercio Internacional de Armas de Naciones Unidas nos da oportunidades de monitoreo de origen, tránsito, uso final o destino”, añadió el funcionario.
