La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó los efectos del acuerdo publicado por el Ejecutivo federal para blindar la reserva de información relacionada con las obras impulsadas por la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que define como de “seguridad nacional”.
Esto quiere decir que la Corte únicamente frenó la reserva de información “automática” establecida por el Ejecutivo federal, pero las demás consecuencias del decreto, como la adjudicación directa de las obras y la agilización en los trámites burocráticos, prevalecen.
Ayer el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá notificó que concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para que, de manera inmediata, deje de surtir efectos el acuerdo con el que fueron clasificados como de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal para efectos de transparencia. El organismo alegó que el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para realizar esta clasificación sin cumplir los parámetros establecidos en la ley de la materia.
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“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, señala la Corte.
“La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, añade.
La controversia constitucional fue presentada por el Inai el pasado 10 de diciembre. Según el comisionado Javier Acuña Llamas, el decreto de reserva “automática” de la información de los proyectos prioritarios del gobierno por razones de seguridad nacional pone en riesgo el ejercicio del derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
“El acuerdo para convertir en cuestión de ‘seguridad nacional’ la información existente y la que se vaya generando sobre las obras estratégicas de infraestructura representa un riesgo para el ejercicio del derecho de acceso a la información. La instrucción al funcionario es la de reservar la información como vía para protección y de acelerar sin interrupciones ni trabas las obras”, señaló el comisionado.
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Pero el ministro ponente González Alcántara Carrancá negó la suspensión solicitada por el Inai con la que buscaba evitar que el gobierno federal realice mediante adjudicación directa obras y proyectos asociados a diversos sectores, como comunicaciones, turístico, energético, aeroportuario o vías férreas. “Se niega la suspensión, en los términos precisados en la parte denominada ‘Apartado segundo. Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del gobierno de México’ de este auto”, indicó el ministro.
¿De qué va el acuerdo de AMLO?
El acuerdo del presidente López Obrador, publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), instruye a la administración pública federal reservar los proyectos y obras del gobierno de México al considerarlos como temas de seguridad nacional, por lo que, de igual modo, las adjudicaciones de este tipo de obras serían de manera directa.
Aunque el acuerdo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá deja sin efectos esta orden, ello no significa que el gobierno federal no pueda negar esta información alegando razones de seguridad nacional, pero deberá hacerlo previa resolución de los comités de transparencia correspondientes.
En su decreto, el presidente López Obrador ordenó expedir las autorizaciones provisionales para la presentación u obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras calificadas como prioritarias y estratégicas por la adminsitración federal.
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El Ejecutivo federal todavía puede impugnar la suspensión concedida mediante un recurso de reclamación.
Mientras tanto, se prevé que la resolución de la controversia constitucional presentada por el Inai sea dictada hasta el próximo año.
