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La solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular con miras a enjuiciar a los expresidentes dividió los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló la realización del ejercicio.
Con seis votos a favor y cinco en contra aprobaron la constitucionalidad para realizar una consulta popular; sin embargo, reformularon la pregunta planteada por el Titular del Ejecutivo federal.
De este modo, de la pregunta planteada por López Obrador en la que claramente se cuestionaba sobre enjuiciar o no a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los ministros la ajustaron de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
El proyecto de resolución fue realizado por el ministro Luis María Aguilar, quien expuso su propuesta para declarar inconstitucional la consulta al considerar que es violatoria de los derechos humanos y que la Constitución prohíbe someter a consideración de la ciudadanía el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de justicia.
Los ministros Arturo Zaldívar, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá fueron quienes votaron en contra del proyecto y a favor de la consulta.
Mientras que Javier Laynez Potisek, Fernando Franco, Norma Lucía Piña y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron a favor de la propuesta de Aguilar Morales.
En un discurso de casi media hora, el ministro presidente Arturo Zaldívar fijó su postura en contra del proyecto de Aguilar y recordó cuando la Corte no respaldó su propuesta sobre iniciar investigaciones en el caso ABC y llamó a sus compañeros a no perder esta nueva oportunidad.
“Cuando ejercemos la competencia revisora que la Constitución nos asigna, debemos ser muy cuidadosos de no frustrar indebidamente los objetivos de una consulta”, señaló Zaldívar.
“Esperaría que hoy la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional”, dijo.
Consideró falso que la consulta implique una “exposición mediática estigmatizante” de los expresidentes y, por tanto, que pueda generar un efecto corruptor en las eventuales investigaciones que se realicen”, enfatizó.
Ríos Farjat opinó que el proyecto de Aguilar interpreta de manera rígida y restrictiva el derecho a consulta popular. Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara dijeron que de replantearse la interpretación de la materia de la consulta, entonces votarían en contra del proyecto. Sufragaron contra el proyecto y a favor de la constitucionalidad de la consulta ciudadana.
Gutiérrez Ortiz Mena explicó que para él, la materia de la consulta popular no debía ser entendida como vinculante a las facultades de la Fiscalía General de la República o de los jueces, sino a las facultades discrecionales del Ejecutivo federal para investigar irregularidades de administraciones pasadas.
El ministro Pardo afirmó que, de establecerse esta reinterpretación en la materia de la consulta, podría declararse constitucional, pero definió su voto a favor del proyecto. De modo sorpresivo, el ministro Pérez Dayán rechazó la propuesta del ponente.
El ministro Laynez Potisek indicó que no coincidió con los argumentos de quienes se pronunciaron a favor de la consulta y de quienes han pedido replantear la materia de la misma para ajustarla a la Constitución: “Me pregunto ¿desde cuándo un Jefe de Estado, el Presidente, necesitaría de una consulta como la prevista en el artículo 35 para hacer el esfuerzo o instruir a sus órganos o autoridades administrativas que dependen del Ejecutivo para buscar elementos y para que se haga justicia? La justicia no se consulta”, afirmó.
“Yo sé que esta no es una decisión fácil y que decisiones como la mía no son populares, es muy probable que una decisión de esta naturaleza, si permaneciera el apoyo al proyecto, no sea apoyada por la mayoría de la población mexicana; sin embargo, los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad, los poderes Ejecutivo y Legislativo sí, además de sus competencias y su expertise están ahí para recoger y actuar conforme al deseo de las mayorías, no así el Poder Judicial, nunca las fiscalías”.
Los ministros Franco González Salas y Piña Hernández votaron a favor del proyecto de Aguilar Morales: “Se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar el delito”, dijo Piña Hernández.
Una vez tomada la decisión de avalar la consulta y reformular la pregunta, el ministro Zaldívar ordenó notificar al Senado y cuando éste reciba la resolución y la nueva pregunta, no podrá modificarla sino dictaminar si se realiza o no la consulta.
