La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para resolver uno de los tres nombramientos pendientes para el cargo de comisionado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
La Segunda Sala de la SCJN atrajo el caso de Ana Yadira Alarcón, quien busca el cargo de comisionada del Inai, ya que promovió un amparo.
El 1 de marzo el pleno del Senado aprobó con mayoría calificada los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos integrantes del instituto.
El pasado 15 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador objetó los nombramientos haciendo uso de su facultad constitucional.
A finales de ese mes, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, dio trámite a un amparo de Alarcón por el veto presidencial y le concedió una suspensión provisional que imposibilita al Senado a elegir otro candidato para ocupar el cargo de Óscar Guerra Ford.
El 12 de abril, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y el director general de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación interpusieron un recurso de queja contra la medida cautelar impuesta por el juzgador.
El caso fue turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pero debido al criterio que puede derivar de este tipo de asuntos, solicitó a la Corte la atracción del caso.
En agosto la Segunda Sala de la SCJN concedió el recurso de reclamación 229/2023-CA para que el Inai pudiera sesionar con cuatro de los siete comisionados del pleno, debido a la falta de nombramientos por parte del Senado de la República.
En esa ocasión, por mayoría de votos la Corte aceptó el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, para que el pleno del Inai pudiera desahogar los más de 8 mil asuntos pendientes desde el 1 de abril, tras la falta de quórum. Esto como medida cautelar en tanto el Senado cumple con el nombramiento de los comisionados pendientes.
Mientras, el instituto indicó que el fallo era una muestra de la importancia de los equilibrios de poder en el país, así como de la vigencia de un Estado de derecho en el que prevalezca el respeto a la Constitución y a los derechos humanos.