La , analiza la creación de la Secretaría para el manejo, Saneamiento y Protección de Agua local, dependencia a través de la cual se pretende fomentar el cuidado del recurso hídrico en Baja California.

El decreto fue enviado por la ministra tras atender una impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la existencia de una violación jurídica al derecho al acceso de agua.

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En dicho decreto se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Fomento a la Cultura del Agua, la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos así como la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en todo el estado de Baja California.

De acuerdo con un comunicado de prensa que emitió la institución detallan que el pleno de la Corte accedió a la propuesta ya que esta no limita o condiciona a la competencia federal o municipal en materia de agua y saneamiento.

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