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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en contra de los superdelegados que el gobierno federal implementó para gestionar los programas federales sociales y de seguridad a nivel estatal.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el acuerdo de admisión de la controversia y ordenó notificar y emplazar al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal para que en 30 días remitan sus informes.
El asunto fue admitido por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien también conoce de las acciones de inconstitucionalidad tramitadas por diputados y senadores de la oposición contra esta figura y deberá elaborar los proyectos de resolución de cada asunto, lo que podría ocurrir hasta dentro de un año.
El ministro también ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en su carácter de representante de la sociedad, manifieste lo que conforme a la ley proceda.
Al anunciar que su gobierno se opone a esta figura, el gobernador Aureoles Conejo indicó que prácticas como ésta generan desigualdad en el país.
“No podemos volver a épocas de centralismo y prácticas que generaron desigualdad en nuestro país, por ello, ante militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refrendamos nuestro compromiso con el pacto federal y el respeto a la soberanía de poderes”, publicó el pasado 2 de diciembre en su cuenta de Twitter.
“Por violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al invadir competencias de los poderes estatales, legal y democráticamente establecidos, hemos decidido interponer una controversia constitucional”, detalló el mandatario estatal.
La creación de esta figura también ha sido rechazada por gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), y por el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, quien acusó que los superdelegados le sirven a Morena y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para fabricar futuros candidatos a puestos de elección popular en los estados.
El Jefe del Ejecutivo federal ha afirmado en diversas ocasiones que esta es una medida de austeridad que sólo contempla tener a un delegado por entidad federativa y no a varios representantes de las diferentes dependencias en cada estado del país.