A unos días de que inicien formalmente las campañas presidenciales, Transparencia Mexicana enfatizó que la corrupción será un reto para la siguiente administración, especialmente por el avance del crimen organizado en numerosos estados del país.
México se encuentra en la posición 126 de 180 países según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual es el ranking anual proporcionado por la organización Transparencia Internacional (TI).
En la edición 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), se destaca que el país mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos, al igual que El Salvador, Kenia y Togo.
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Resalta que entre el grupo de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en el último lugar. En el G20, el grupo de las 20 economías más grandes del mundo, México se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia (26/100 puntos).
Señaló además que la agenda anticorrupción converge cada vez más con la operación del crimen organizado, especialmente en temas como el lavado de dinero, la elusión y la evasión fiscales.
“México no ha tenido cambios en su puntaje ni en su posición en el IPC. A pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas”, señala el reporte de TI.
Destaca que ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas. Ni la Estafa Maestra, con un desvío estimado en 7 mil millones de pesos ni el caso Agronitrogenados-Pemex, en el que se estima una desvío de 200 millones de pesos de las arcas mexicanas, o el caso Segalmex-Diconsa-Liconsa, con una malversación cercana a los 9 mil 500 millones de pesos, han llegado a sentencias en firme.
“Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas. De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública”, señaló Transparencia Mexicana.
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