Las irregularidades en el manejo de mil 323 millones de pesos del Programa de Comedores Comunitarios, que ya investiga la Secretaría de la Función Pública (SFP), pudieron haber afectado al menos a 612 mil 406 beneficiarios en todo el país.
De toda esa población, 362 mil 144 eran mujeres y 250 mil 262, hombres. Además, 60 mil 931 eran adultos mayores y 5 mil 871, personas con discapacidad.
El día de ayer EL UNIVERSAL informó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pagó a Diconsa una red de abasto de alimentos, millones de pesos para equipar y surtir los comedores; sin embargo, algunas facturas comprueban que el dinero se utilizó para comprar gorras, playeras, camisas y portapasaportes, es decir, objetos que nada o poco tienen que ver con servicios de alimentación.
De igual forma se detectó que las facturas de Sedesol tienen irregularidades o no tienen vales para corroborar que efectivamente Diconsa entregó todos los bienes por los cuales se le entregaron millones de pesos.
La investigación que la SFP tiene en sus manos sobre los comedores también indica que en todo el país había 5 mil 626 comedores en 869 municipios.
El Estado de México es la entidad que más centros alimenticios concentra (2 mil 9), seguida de Guerrero (mil 200), Michoacán (500), Chiapas (431) y Veracruz (261).
Niegan responsabilidad
El PRI no es responsable de eventuales conductas irregulares que se hubiesen cometido en la operación de la Cruzada contra el Hambre, durante la pasada administración federal priísta, aseguró ayer el líder de los diputados de ese partido, René Juárez, al deslindar al tricolor de esas conductas.
Juárez dijo que todo el que haya ocupado cargos en el sexenio pasado tendrá que explicar su actuación de manera personal.
“Cada uno de nosotros está obligado a responder por sus actos, no el partido (...) el partido no manejó recursos ni mucho menos, somos las personas las que tenemos las responsabilidades, y nosotros tenemos la obligación de responder por nuestros actos”, expuso.
