Durante la pandemia por el Covid-19, personal del sector Salud se ha visto en la necesidad de acudir a tribunales u organismos como el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) para pedir apoyo, pues además de ser obligados a trabajar, pese al riesgo de ser contagiados con el virus, forman parte de los sectores vulnerables y sufren discriminación.
Entre el 19 de marzo y el 30 de abril el Conapred recibió 231 quejas relacionadas con actos de discriminación por Covid-19, de las cuales 58 fueron presentadas por médicos, enfermeras y estudiantes de medicina.
De estas quejas, detalla un informe del organismo, 36 fueron porque los trabajadores son obligados a laborar pese a tener condiciones que los colocan en mayor vulnerabilidad ante el Covid-19, pues, además de tener comorbilidades, son adultos mayores, están embarazadas o son los principales cuidadores de familiares vulnerables al virus.
Otras 22 quejas son actos discrimatorios en sus propios centros de trabajo y en la calle. En el primer caso al saber que familiares de los quejosos están contagiados de Covid-19, son discriminados por sus compañeros.
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De las 36 quejas presentadas por estas razones, 19 trabajadores tienen hipertensión y ocho refirieron ser diabéticos, pese a lo cual en las instituciones públicas y privadas en las que trabajan no les permitieron ausentarse para evitar contagios. En ninguna de estas quejas los trabajadores refirieron atender a pacientes con Covid-19; sin embargo, alegaron temor a la exposición al virus.
En tanto, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha recibido en todo el país diversos amparos tramitados por personal del sector Salud con los que buscan que sus instituciones no los obliguen a ir a trabajar por tener condiciones de vulnerabilidad.
Doctores Conapred
En la Ciudad de México, una doctora de un centro de reclusión local afirmó que es médico cirujano de 64 años y que padece hipertensión. A pesar de ello, indicó ante el Conapred que no le permitieron laborar desde su casa, por lo que presentó su queja desde el 20 de abril pasado. Hasta ahora, el Conapred envió un segundo recordatorio al reclusorio para que informe el porqué de la negativa a que ella pueda laborar desde casa.
Un médico que padece diabetes también presentó, el 21 de abril, una queja ante el Conapred debido a que no se le permite trabajar desde casa. El Conapred envió un oficio al centro de trabajo del médico, que, según los datos del consejo, es la unidad médica de una institución de seguridad social federal, sin precisar si es el IMSS o el ISSSTE.
Además, el consejo recomendó al médico acudir a la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado a recibir orientación legal.
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Carmen
Carmen Escobar es una enfermera de Baja California que padece una enfermedad autoinmune, pese a lo cual las autoridades del estado la acaban de asignar al área de Urgencias de Covid-19.
Trabaja en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California (ISSSTECali) donde saben que su enfermedad le impide atender pacientes infecto-contagiosos, pues esto pone en riesgo su salud, al grado de que podría desarrollar leucemia.
El hospital donde trabaja no es Covid, pero ha recibido pacientes que llegan con otros padecimientos y al poco tiempo resultan positivos al coronavirus, lo que ha provocado contagios entre el personal.
“Ahorita van más de 50 compañeros contagiados, en donde no les hacen las pruebas, nada más los mandan a quedarse en casa; a otros no los quieren incapacitar”, indicó.
Inicialmente, los trabajadores del ISSSTECali pidieron insumos de protección, pero al no ser hospital Covid no se los otorgaron, por lo que buscaron donaciones a través de la ciudadanía. “La gente empezó a donarnos insumos, hubo ciudadanos que se organizaban para conseguir el material porque empezó a escasear, pero las autoridades empezaron a ver mal esto porque en ISSSTECali nos exigían que todas las donaciones llegaran a la administración, pero la administración no nos daba los insumos que donaban, nos negaba el material”, relató.
“Nos decían que el material se iba a repartir en el momento en que se empezara a ocupar y, aunque recibieron material desde hace dos meses, apenas hace dos semanas empezaron a repartirlo”, dijo.
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Desde hace tres semanas el hospital tiene habilitada toda el área de Urgencias para atender a pacientes con Covid-19 de manera transitoria.
“Llegan y, mientras se desocupa un lugar en un hospital Covid, se quedan ahí, en ISSSTECali”, explicó.
Pero en otras áreas del hospital aún hay pacientes que ingresan por otros padecimientos y posteriormente resultan positivos a Covid, y al personal que está en esas áreas no se les entrega equipo de protección.
Ante esta situación, Carmen participó en una manifestación con sus compañeros para pedir equipo de protección para todos.
“Debido a que otra compañera y yo participamos en la manifestación para apoyar a mis compañeros, tuvimos algunas represalias”, dijo.
“No detuvimos la atención ni ningún servicio y los pacientes estuvieron atendidos en todo momento, pero ese día yo recibí un documento donde mi jefa de enfermeras me hace un cambio de área a Urgencias Covid”, relató la enfermera.
Ante esta situación, Carmen tramitó un juicio de amparo en el que el juez Sexto de Distrito en el estado de Baja California le concedió una suspensión para que se le expida una licencia o permiso con goce de sueldo para que no se presente a trabajar durante el plazo que dure la emergencia ocasionada por el Covid-19.
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El amparo fue tramitado a través de la organización Justicia Covid, colectivo de abogados en todo el país que desde que inició la pandemia ofrecieron sus servicios de manera gratuita para asesorar legalmente a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como Carmen.
Ginecóloga
Una mujer que trabaja como ginecóloga en el Hospital General de Zona 1-A, Rodolfo Antonio de Mucha Macías, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, solicitó en el IMSS permiso para ausentarse debido a que tiene un hijo de cuatro años de edad y ella padece asma bronquial, lo que la coloca en riesgo de perder la vida en caso de contraer el Covid-19.
En abril pasado, antes de tramitar la solicitud para ausentarse, fue declarada sospechosa de padecer Covid-19, por lo que se le expidió una incapacidad y posteriormente pidió vacaciones.
Cuando debía regresar a trabajar pidió el permiso para ausentarse por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tanto ella como su hijo; sin embargo, autoridades del IMSS no admitieron su solicitud y le requirieron acudir a trabajar.
La doctora tramitó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el que, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad que alegó, le concedió la suspensión de plano, pero no para ausentarse de su trabajo.
“Se concede la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables dicten inmediatamente las órdenes que sean necesarias con la finalidad de que la quejosa (…) pueda laborar en un entorno que represente un mínimo riesgo de contagio de Covid-19”, señaló el juzgador.
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