La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) identificó que los estados y municipios han implementado 428 medidas restrictivas, con potencial violatorio de derechos humanos, por la emergencia sanitaria del Covid-19.
A través de su segundo informe Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la contingencia sanitaria por coronavirus, la Subsecretaría señaló que las medidas restrictivas incluyen filtros sanitarios, reducción de movilidad, uso obligatorio de cubrebocas, toques de queda , accesos restringidos, restricción de movilidad y cierre de accesos.
La Ciudad de México es la entidad que más restricciones puso, con 43; le siguen Oaxaca con 38; Zacatecas con 28; Durango con 25; Tabasco con 25; Baja California con 23; Sonora con 21; el Estado de México con 20; Baja California Sur con 19, y Michoacán con 19.
La reducción de movilidad concentró el 17.29 por ciento de las medidas restrictivas; los filtros sanitarios 17.29 por ciento; el uso obligatorio del cubrebocas 15.42 por ciento; los toques de queda 12.62 por ciento; el acceso restringido 10.98 por ciento; la restricción de movilidad 6.78 por ciento; cierre de acceso 4.67 por ciento, y otras acciones 14.95 por ciento.
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“Los gobernadores, al ser autoridad sanitaria, tienen facultades para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias. No obstante, algunas acciones que éstos han adoptado han rebasado sus facultades y han representado riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos”, señaló la Subsecretaría en su informe.
El asesinato de Giovanni López, quien habría perdido la vida a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, fue puesto como ejemplo de cómo esta clase de acciones pueden ser violatorias de derechos humanos, ya que existe la hipótesis de que la muerte del joven se dio porque no traía puesto un cubrebocas.
Sanciones desproporcionadas
Entre marzo y mayo distintos estados y municipios también impusieron 53 medidas extraordinarias que incluyen el arresto administrativo, así como 71 medidas que posibilitan la sanción con multas si no se cumplen las medidas sanitarias.
“De estas acciones, resultan particularmente preocupantes aquellas que posibilitan el arresto administrativo, pues no sólo son las que restringen de manera más importante los derechos humanos, sino que resultan contraproducentes al generar potencialmente concentraciones de personas en reclusión que pueden facilitar la propagación del virus SARS-CoV2”, señaló la Subsecretaría.
Y por último agregó que las estas medidas restrictivas se han impuesto, aunque no hay pruebas de que ayudan a contrarrestar los contagios de Covid-19.
kl
