La (Coparmex) externó su respaldo a la (SCJN) en la revisión de la (PJF).

“Esta acción envía una señal clara de que en México se respeta el Estado de derecho y se valora la certidumbre jurídica como base del desarrollo económico”, expresó.

En un comunicado, destacó que esta revisión, aceptada por una mayoría de ocho votos contra tres, representa un acto trascendental que permitirá evaluar si la enmienda constitucional aprobada por el Congreso, vulnera la independencia judicial y la democracia de nuestro país.

Dijo que la revisión de esta reforma subraya la importancia de contar con un Poder Judicial autónomo ante presiones políticas y económicas.

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“La intervención de los ministros para analizar la impugnación de los jueces y magistrados, demuestra el compromiso de la Corte con el análisis riguroso de esta medida”, señaló.

Mencionó que con esta resolución, la SCJN no está prejuzgando el fondo de la controversia, sino que está garantizando un proceso adecuado en el que se respeten las garantías procesales de las partes involucradas.

Argumentó que el máximo tribunal del país tiene la facultad y la responsabilidad de revisar la constitucionalidad de cualquier reforma que afecte el equilibrio entre poderes, incluyendo aquellas que puedan comprometer la autonomía del Poder Judicial.

Esta acción garantiza que las modificaciones legislativas respeten los límites constitucionales y no vulneren los derechos fundamentales.

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Señaló que esta obligación de la SCJN deriva de la propia Constitución, dado que en el ámbito de su competencia debe proteger, garantizar, promover y respetar los Derechos Humanos, asegurando que la independencia judicial se mantenga firme para garantizar un acceso a la justicia imparcial para todos.

Indicó que la revisión de esta reforma establece un precedente fundamental para futuras modificaciones que intenten alterar las estructuras institucionales del país. Reafirmamos la necesidad de un control judicial riguroso sobre cualquier enmienda que pretenda modificar las bases del Estado de Derecho que hemos construido como sociedad, asegurando que las leyes no debiliten el sistema democrático.

“Reconocemos que esta revisión no solo es un procedimiento técnico, sino una oportunidad crucial para proteger las instituciones que salvaguardan la justicia en México, teniendo a la Constitución como el referente indispensable. La posible suspensión de la reforma, si así se decide, sería un paso firme en la defensa de la independencia judicial, un pilar indispensable para la democracia”, indicó.

El organismo patronal, precisó que la ministra presidenta, Norma Piña, tomó la decisión de reencauzar la petición de los promoventes, asignando la elaboración del proyecto a otro ministro o ministra que corresponda, lo que refuerza la transparencia y el debido proceso en este asunto.

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Agregó que la reforma al Poder Judicial ha generado una gran incertidumbre, no solo entre los jueces y magistrados, sino también en la comunidad empresarial nacional e internacional, y la sociedad civil.

Añadió que cualquier cambio en el sistema de justicia debe fortalecer y no debilitar la independencia de los jueces. La interferencia política en las decisiones judiciales pone en riesgo el equilibrio entre poderes y, por ende, la estabilidad económica y social del país.

“Un Poder Judicial independiente es fundamental para la estabilidad jurídica y económica del país, lo cual tiene un impacto directo en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales”, refirió.

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