La relación contractual entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Telra Realty pudo generar gastos adicionales para los derechohabientes y acreditados; además, la terminación de la misma pudo costar 15 mil 600 millones de pesos con cargo al erario.
El 9 de junio de 2014 acordaron un convenio de colaboración para que la empresa manejara de manera exclusiva la ejecución del programa de Movilidad Hipotecaria.
Con ello, fueron firmados tres contratos en 2015 y uno más en febrero de 2016 para la creación de dicho programa, el cual buscaba reparar, remodelar y readaptar viviendas abandonadas para ser ocupadas por derechohabientes, así como para la venta de casas. Telra conservaría en todo momento la propiedad intelectual e industrial de los programas y sistemas que desarrollara.
Esto significaba que la empresa podía cobrar a los derechohabientes y acreditados comisiones de hasta 10% por operación sin importar sus salarios. También tenía exclusividad sobre las mejoras, variantes y evoluciones de los programas.
El Infonavit estaba impedido para participar en otros fideicomisos parecidos a lo contratado con Telra, entre otras desventajas.
Luego de la designación de David Penchyna como director del instituto, en marzo de 2016, el 31 de mayo de 2017 el Consejo de Administración consideró que los contratos firmados con Telra podían afectar el interés público.
Ante esta situación, el pasado 8 de junio de 2017 el Infonavit decidió terminar unilateralmente con todos los contratos firmados, pero Telra no aceptó esa determinación y accedió a participar en mesas de negociación.
En caso de que no se llegara a un acuerdo, la empresa podría demandar al Infonavit por daños y perjuicios por hasta 15 mil 600 millones de pesos.
Para no ir a juicio, en 2017 Telra fijó como monto mínimo de pago 4 mil 800 millones de pesos.
