Más Información
Hallazgo de fosas clandestinas en Edomex derivaron en el “Operativo Enjambre”; víctimas tenían huellas de tortura
Economía anuncia megaoperativo nacional contra piratería; Izazaga fue el inicio con productos de origen asiático, asegura
Claudia Sheinbaum presenta declaración patrimonial; reporta un departamento de 2.7 millones de pesos y un Aveo 2013
nacion@eluniversal.com.mx
El municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera controversia constitucional en contra del recorte de recursos a las estancias infantiles implementando por el gobierno federal.
En su demanda reclamó la aprobación del Presupuesto de Egresos 2019 en el apartado que establece una reducción a los recursos destinados al programa de estancias infantiles.
Solicitó la suspensión para que no se aplique la reducción presupuestal a las estancias durante el ejercicio 2019. El asunto aún no ha sido admitido por la Corte.
“Tenemos la competencia legal para impugnar o presentar esta controversia constitucional al Presupuesto 2019 en el tema de las estancias infantiles, donde a un gasto de 4 mil millones de pesos se reduce sistemáticamente a 2 mil 200 millones de pesos y están vulnerando el fin principal, que es el bienestar del menor. Estoy muy preocupado por lo que está pasando en Parral, pero sin duda esta controversia ayudará a todo el país en caso de que la Suprema Corte así lo decida”, dijo el alcalde de Hidalgo de Parral, Jorge Alfredo Lozoya Santillán al presentar su demanda.
De acuerdo con el edil hay muchas estancias infantiles que resultarían afectadas por el recorte, por lo que afirmó que su administración está buscando soluciones próximas para ayudar a los padres de familia del municipio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó ayer la decisión de no modificar la nueva estrategia.
Ante la decisión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que el recorte de casi 50% al programa de estancias infantiles impactará negativamente en las garantías de los menores de edad y sus familias, puesto que podría restringir el derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral para los pequeños.