En la contratación de servicios de seguridad para instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) no hay un criterio establecido, pues mientras en unas las exigencias son más laxas en el conocimiento que deben tener los elementos de empresas subcontratadas en caso de incendios, en otras se demanda certificación para saber cómo actuar ante este tipo de acontecimientos.
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Por ejemplo, en febrero pasado el Instituto Nacional de Migración firmó un contrato de servicio para brindar seguridad y vigilancia para todos sus inmuebles de la Ciudad de México y Estado de México este año, en el que se garantiza que los elementos deberán intervenir oportunamente ante un incendio, tener conocimientos en protección civil y se detalla quiénes podrán usar una arma corta tipo escuadra como parte de su equipo.
Esto es así a diferencia de lo ocurrido en la Estación Migratoria Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hace poco más de una semana un incendio ocasionó la muerte de 40 migrantes, caso en el que el gobierno federal ha señalado la falta de reacción de los elementos de la empresa privada contratada.
El INM entregó el contrato E-2023-00015635 por un servicio de seguridad y vigilancia para los inmuebles del sector central y oficinas de representación de la Ciudad de México y Estado de México del INM para el ejercicio fiscal 2023 a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la capital de la República por un monto de 87 millones 539 mil 590 pesos.
Se indica que Migración necesita la presencia de 306 elementos en las nueve instalaciones, siete en la capital de la República y dos en el Estado de México
Deben estar capacitados en incendios
En la licitación se detalla que los elementos deberán estar certificados en materia de seguridad, protección civil, seguridad y primeros auxilios.
“El personal de seguridad se apegará a los principios de integridad, dignidad, protección y respeto, evitando conductas de abuso, arbitrariedad y violencia. En el desempeño de sus funciones deberá cumplir expresamente: proteger al personal, bienes muebles e inmuebles del instituto, intervenir oportunamente en caso de presentarse incendios, sismos o cualquier tipo de siniestro”.
El contrato señala entre las principales funciones que deberán realizar los elementos de la PBI el resguardar al personal que se encuentre en el interior de los inmuebles del Migración.
“Participar en los planes y programas de seguridad y protección civil para los inmuebles, mismos que les serán proporcionados. Informar de forma inmediata al administrador del contrato del INM cualquier incidente o actuación relacionada con el desarrollo de su actividad. Vigilar el interior y exterior de los inmuebles, los equipos, mercancías y en general los bienes muebles en ellos depositados”, detalla.
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Corrupción en contratos: especialista
Javier Urbano, académico y especialista en migración de la Universidad Iberoamericana, aseguró que, más que armonización de protocolos en medidas de seguridad, lo que se refleja en este tipo de contratos son conveniencias políticas y corrupción.
“Más que pensar en el tema de las diferencias de protocolos son más bien las conveniencias políticas y las corruptelas para la asignación de contratos, y ahí es evidente que hay dinero e impunidad de por medio”, aseveró.
Alertó que es “tremendamente” peligroso que haya elementos armados, si no están certificados y en constante capacitación.