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Entre diciembre de 2018 y agosto pasado, fueron declaradas firmes y actualmente se están ejecutando 146 sanciones impuestas por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación y la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Las investigaciones contra los servidores públicos implicados, secretarios de acuerdos, secretarios particulares, oficiales de seguridad, directores generales, entre otros, iniciaron durante la gestión de Luis María Aguilar Morales, pero correspondió a la administración de Arturo Zaldívar analizar los casos y confirmar o modificar las sanciones impuestas.
En 72 casos fueron instruidas amonestaciones privadas, 44 públicas, 12 inhabilitaciones temporales, 10 suspensiones, cuatro multas, dos apercibimientos públicos, un apercibimiento privado y sólo una destitución.
La mayoría de las sanciones derivaron porque diversos servidores públicos, entre secretarios, choferes y actuarios, recibieron nombramientos temporales o dejaron de prestar sus servicios en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y omitieron avisar al fisco, o no lo hicieron a tiempo, sobre su cambio de situación patrimonial.
De acuerdo con las resoluciones y laudos emitidos que ya están firmes y fueron publicados en el portal electrónico del CJF, estos funcionarios recibieron amonestaciones o apercibimientos públicos o privados y las sanciones más severas que se impusieron por esta conducta fueron suspensiones desde tres a 15 días.
Los servidores mal portados
Una de esas 10 que fueron declaradas firmes fue por 15 días y se le impuso a Juan Francisco Soria López, oficial de Seguridad de la Coordinación de Seguridad del PJF en el Centro de Justicia Penal Federal en Apizaco, en el estado de Tlaxcala.
De acuerdo con su expediente, el 15 de diciembre de 2017, Soria López fue sujeto a procedimiento administrativo por presentarse a trabajar con signos de ingesta de bebidas alcohólicas.
Además, agredió, insultó y golpeó al jefe de Grupo de Seguridad adscrito al área en donde se encontraba, y le profirió insultos y amenazas a personal de vigilancia de la empresa contratada para prestar sus servicios en el Centro de Justicia Penal Federal de Apizaco, porque no lo dejaron ingresar en estado de ebriedad.
La única destitución reportada en el periodo revisado por este diario fue contra Gilberto Juvenal Márquez Solano, quien fue actuario en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil en Cancún, Quintana Roo.
Márquez Solano fue acusado por mostrar deficiencia en la práctica de las diligencias de notificación, asentaba hechos falsos en las cédulas y no anotó la hora de la instrucción en diez asuntos.
“Las infracciones deben ser consideradas especialmente graves, pues se reitera que atentan contra el buen desempeño de dicho cargo, vulneran el principio de seguridad jurídica y deterioran la imagen del Poder Judicial de la Federación”, indicó la Comisión de Disciplina del CJF.
Según las constancias, el exfuncionario renunció al momento de ser emitida la sentencia en su contra, el 29 de enero de 2019, y contaba con 16 años, dos meses y 19 días como trabajador del PJF.
Mediante sentencia del 12 de febrero de 2019, la Comisión de Disciplina del CJF inhabilitó durante un año a Pablo Guillén González, secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en Puente Grande, Jalisco, por hostigamiento laboral y sexual contra una oficial del juzgado.
El expediente detalla que la víctima afirmó en 2017 que llevaba más de un año padeciendo acoso laboral por parte del secretario.
La denunciante indicó que el servidor público la acosaba sexualmente e incluso padeció tocamientos por parte de Guillén González.
“El 15 de mayo de esa anualidad [2017] (...) a la hora de la comida [15:00 horas, aproximadamente] [la denunciante] fue al comedor del juzgado, calentó su comida y al terminar lavó los trastes y entró Pablo Guillén González [y] viendo que estaba sola, se metió e intentó cerrar la puerta y la trató de besar a la fuerza, pero ella lo aventó y se salió muy asustada y se fue a su lugar llorando”, se lee en la denuncia.
La queja fue presentada en junio del año 2017 y, a partir de octubre de ese año, Guillén González renunció al PJF, por lo que la sanción de inhabilitación por un año únicamente impide que el exsecretario pueda trabajar en el servicio público durante ese tiempo, después podrá intentar entrar a laborar a cualquier otro cargo público.
