Jueces y magistrados del Colectivo Artículo 41 manifestaron que hay centenares de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias y otros recursos por la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), e indicaron que la postura tanto de la Presidencia como de legisladores de Morena es legítima, pero dijeron que se debe atacar jurídicamente.
En la primera conferencia matutina que se realizará todos los días, los juzgadores criticaron que los poderes Ejecutivo y Legislativo se asuman como jueces en el tema de la reforma judicial e insistieron en que los litigios están en curso y los tribunales son los que van a decidir.
El magistrado Juan José Olvera López enfatizó que los recursos interpuestos contra la reforma judicial se deben agotar en los tribunales.
“Estamos en un momento de efervescencia, pero en este momento los asuntos se encuentran en la zona de los tribunales, como corresponde a un proceso de reforma tan importante como éste. Entonces, la postura que tienen la Presidencia y los legis- ladores es legítima, en parte, ellos no son los jueces, no les corresponde a ellos la última palabra, les corresponde a los jueces, y hay que dar tiempo a los procesos judiciales para que se vayan pronunciado de acuerdo con las impugnaciones que haga la ciudadanía en general, como está ocurriendo”, expresó acompañado de la jueza Adriana Ortega Ortiz y del magistrado José Rogelio Alanís García.
Olvera López, en representación de jueces y magistrados que integran el colectivo conformado por mil 500 impartidores de justicia, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum para que consulte con sus asesores el tema de la procedencia de los juicios de amparo contra reformas constitucionales.
Resaltó que el jurista Jaime Cárdenas y el hoy ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar coincidieron en que este tipo de demandas sí pueden ser revisadas.
Los juzgadores tenían la intención de pasar un video donde Zaldívar precisa ese tema, sin embargo, por fallas técnicas no lo hicieron.
Agregó que el artículo 61 de la Ley de Amparo ha sido utilizado por quienes ahora están en el poder y actualmente no lo reconocen en la aplicación de la reforma judicial.
“Les pedimos a los legisladores, a la Presidenta de la República, que vuelvan a consultar a sus consejeros jurídicos para que escuchen una opinión diferente de aquellos que hoy también están escuchando.
“Sus consejeros jurídicos cuando fueron oposición promovieron un juicio de amparo y dijeron que el juicio de amparo procede contra la reforma constitucional, y ahora el artículo 61 lo impide. Eso es lo que se está planteando y esto es lo que los jueces tendrán que decidir”, dijo.
Respecto a la suspensión otorgada por la jueza de Distrito en Veracruz Nancy Juárez Salas para que la Presidenta y el director del Diario Oficial de la Federación eliminaran de este medio el decreto de la reforma al Poder Judicial, el magistrado señaló que aun cuando podría ser opinable, como lo han estimado las autoridades, las decisiones judiciales se atacan o se acatan.
Sostuvo que la forma de remediarlo son los recursos judiciales, no las opiniones de la titular del Ejecutivo.
“Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señala, que la recurran, para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó y podrán revocar esa decisión, como ha pasado en otros juicios, entre los cientos de juicios que ya tenemos”, dijo.
