Entre enero de 2019 y agosto de 2021, el gobierno federal logró el registro de más de 550 mil agresores de mujeres, informó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano.
Detalló que en ese periodo sólo 28 entidades reportaron de manera regular, pero incompleta, información sobre la atención a víctimas de algún tipo de violencia por razón de género al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres (Banavim).
Destacó que con esta información estadística se tiene una primera aproximación al universo de presuntas personas agresoras de mujeres, aunque reconoció que el número de víctimas es más amplio que el reportado.
Esto, derivado de la falta de integración de la información de los 32 estados y también por un porcentaje todavía desconocido de mujeres que no acuden a las instancias de gobierno a buscar apoyo.
Anunció que, ante la necesidad de hacer más eficientes los mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres, se fortalecerá la política nacional de intervención, con perspectiva de género y con la participación de los tres órdenes de gobierno.
Subrayó que el fortalecimiento de esta política nacional debe pasar por tres líneas fundamentales: consolidar un modelo homologado de trabajo con generadores de violencia, crear centros estatales y municipales de reeducación integral y mejorar los mecanismos de información sobre agresiones a mujeres en razón de género.
Detalló que mediante la Iniciativa Spotlight para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y Niñas, proyecto global financiado por la Unión Europea y ejecutado por la ONU, se avanza en la creación de un modelo piloto de homologación de trabajos con hombres generadores de violencia, con la intención de lanzarlo en cinco municipios de Chihuahua, Estado de México y Guerrero, con miras a construir un modelo nacional de reeducación en el corto y mediano plazo.
La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres recordó que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la Federación tiene la obligación de coordinar la creación de programas de reeducación a personas agresoras, en tanto que los estados están obligados a su diseño e implementación, y los municipios tienen la atribución de apoyar su implementación en el territorio.
Destacó que el gobierno federal cuenta con diferentes experiencias de reeducación de agresores a través del Programa de Reeducación para Agresores de Violencia de Pareja, el cual es operado por la Secretaría de Salud (Sssa) federal, y el modelo de los centros para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres (Cecovim), impulsados por la Conavim y adoptado por diversos estados durante los últimos años.