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Especialistas en Derecho Constitucional coincidieron en señalar que la consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes, impulsada por Andrés Manuel López Obrador , es inviable porque viola la Constitución Política y la presunción de inocencia de los exfuncionarios.
En este sentido, los expertos no dudaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) rechazará esta propuesta del gobierno federal por no apegarse a la legalidad.
Francisco Burgoa, constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), manifestó que pretender llevar a cabo este tipo de consulta es en el fondo vulnerar un tema de derechos humanos:
“No veo viable y deseo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechace la constitucionalidad de esta eventual consulta popular, porque a pesar de que no tenemos duda de que es un tema de trascendencia nacional el que se pueda enjuiciar a expresidente, estaríamos hablando de que se pudiera estar vulnerando la presunción de inocencia de los expresidentes, y violentando un tema de derechos humanos”.
Asimismo, Luis Carlos Ugalde Ramírez, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral ( IFE ) y director de Integralia, señaló que no es viable esta consulta popular debido a que está prohibido por la Carta Magna someter a consulta garantías individuales.
“No veo viable, no hay forma porque está prohibido por la Constitución someter las garantías individuales a consulta, simplemente por eso no procede además porque claramente en todos los casos cualquier posible delito ya prescribió. No hay forma”, dijo.
Para los expertos el problema no sólo es que la consulta popular no tiene bases legales, sino que tampoco hay pruebas para sostener las acusaciones contra los exfuncionarios.
Julio Jiménez, doctor en Derecho, advirtió que la consulta a expresidentes podría tener más bien un fin político y electoral, más allá de promover el acceso a la justicia.
“La justicia está manipulada más por intereses políticos que por fines jurídicos, y México lo que requiere es más trabajo legal, de justicia social y que en estos momentos de emergencia sanitaria haya menos grilla y especulaciones que generan incertidumbre” indicó.
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También Gustavo Gómez Domínguez, constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), consideró que esta consulta tiene un carácter político porque en México existe un sistema jurídico basado en códigos penales:
“Esta propuesta de consulta es más de carácter político porque la consulta se empatará con la elección intermedia del próximo año, y en vez de que nos concentremos en los problemas de carácter económico, de salud pública, parece ser que se busca un espectáculo. Más pareciera que esta consulta no es un asunto jurídico, sino un asunto político”.
Otras expertos como Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pidieron que la investigación a los expresidentes siga sus cauces oficiales con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR).
“La justicia no se consulta. Si el gobierno tiene evidencia de que alguien cometió un delito, debe presentar una denuncia. La Fiscalía, por su parte, debe investigar por oficio ciertos delitos. Esta iniciativa pone a consulta la obligación del Estado de aplicar la ley” dijo.
MIentras que José María Soberanes, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, advirtió que sería mejor la vía legal en esta propuesta porque una consulta popular podría costar mucho dinero:
“Si estos expresidentes han cometido delitos, que los investiguen y los juzguen, pero para hacer esto no se necesita una consulta popular, no tienen que hacer esto, ¿para qué hacer una consulta popular que es improcedente e innecesaria jurídicamente? Mejor que gasten esos recursos en la atención del Covid-19 u otros temas importantes”.
