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Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y MC en la Cámara de Diputados consideraron que el plan B de reforma electoral que se gesta en la bancada de Morena parece más “revanchismo político” que una propuesta que beneficie realmente a la democracia de México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguraron además que la propuesta para prohibir a los consejeros ocupar cargos públicos durante 10 años tras terminar con sus funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende “castigar” a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama “por no haberse doblegado ante el Presidente”.
Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, reconoció que la oposición no cuenta con los números para oponerse al llamado plan B de Morena, pero recordó que sí dirán no a la reforma constitucional, lo que representa una victoria de la democracia.
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“Como PAN, escogemos las batallas que a nuestro juicio valen la pena. Frenaremos la constitucional y nos preocupa que ellos tienen los números para sacar cualquier disposición secundaria, pero ya es una victoria. Si en su plan B meten propuestas para optimizar no nos opondremos, lo que sí consideramos como exagerado es la barbaridad de decapitar por 10 años a una persona. Esas son obviamente disposiciones inconstitucionales, no puedes coartar el derecho constitucional a trabajar del artículo 4 de nadie. Entendemos que debe haber un plazo de no relacionarse con las sustancias, pero, ¿por una década? Bueno, ¿pues de qué pretenden que coman?”, acusó.
El líder perredista Luis Espinosa Cházaro dijo que las propuestas de Morena para sacar el plan B “son ambiguas y superfluas”.
“Hay una clara señal de revanchismo político, parece más un castigo contra Lorenzo [Córdova] y Ciro [Murayama] a unos grados superlativos, ‘los vamos a congelar, los vamos a castigar por no haberse doblegado ante el Presidente’. Sólo es golpear políticamente al presidente del INE, no es ninguna reforma que mejore la vida democrática en nuestro país. ¿En qué beneficia a México que un exconsejero no pueda ocupar otro cargo en 10 años? Deberíamos estar viendo cómo se mejora la vida democrática del país y no cómo se perjudica a los funcionarios en turno”, dijo.
Para el coordinador perredista, el plan B de Morena será un “premio de consolación” que la bancada guinda le dará al titular del Ejecutivo, después de que la reforma político-electoral en materia constitucional sea rechazada por los opositores.
El coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo que el plan B de Morena y sus aliados tiene rasgos de inconstitucionalidad porque afecta las funciones sustantivas del INE.
“Morena siempre tiene dos alternativas: su plan A es siempre modificar la Constitución y su plan B siempre es violar la Constitución, y han tenido, desgraciadamente, el consentimiento de la SCJN para hacerlo”, comentó.
Afirmó que no todos los cambios que propone Morena por medio de reformar leyes secundarias pueden aprobarse por mayoría simple.
“Vamos a luchar contra este anticipado anuncio de violar la Constitución. No todo se puede hacer por mayorías”.
Ni viabilidad ni sustento jurídico
Senadores de oposición advirtieron que la propuesta de Morena para impedir que los exconsejeros electorales ocupen cargos en la administración pública durante 10 años o trabajen en otros organismos electorales en un plazo de tres años no tiene viabilidad ni sustento jurídico.
Germán Martínez, senador del grupo plural, afirmó que ninguna ley que lleve dedicatoria es democrática, y, por el contrario, es autoritaria, porque lo que quieren en Palacio Nacional es la cabeza de Lorenzo Córdova.
“Quieren su cabeza colgada de un gancho en Palacio Nacional, como colgaron los realistas la de Miguel Hidalgo en la Alhóndiga de Granaditas”, remarcó.
La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López, coincidió en que es inviable la propuesta de Morena, porque ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva.
Jorge Carlos Ramírez, senador del PRI, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentó jurisprudencia al declarar inconstitucional el plazo de 10 años para que exfuncionarios trabajen en sector privado.
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