Hasta ahora, el consenso de las fuerzas políticas en México ha sido la característica y el motor que ha impulsado las reformas electorales en nuestro país. En las últimas décadas, el cambio democrático en México se ha construido con el consenso de los gobiernos en turno y la oposición, porque su fin era quitarle o restarle poder al entonces partido hegemónico.
Expertos en materia electoral y constitucional advierten que sin el aval de todos los competidores cualquier reforma electoral no tendría legitimidad y los resultados serían fuertemente impugnados.
Incluso, eso es lo que ven en la iniciativa que promueve Morena y la autodenominada Cuarta Transformación en la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se aprobaría por una mayoría contra una minoría.
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De acuerdo con el estudio La evolución del derecho electoral a través de las generaciones de reforma, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la primera “generación de reformas electorales (contempladas las de 1963, 1977 y 1986) se asentaron en la premisa del pluralismo político, es decir, en una decisión encaminada a depositar en las elecciones y los partidos la garantía de heterogeneidad política y social de México, cuyo propósito fundamental fue fomentar la presencia pública de las minorías en los órganos de representación política”.
En este sentido, la reforma político-electoral de 1977 fue altamente significativa porque produjo la constitucionalización de los partidos políticos y les confirió una naturaleza de entidades de interés público.
Estableció el régimen de las prerrogativas a los institutos políticos y declaró la legalidad de los movimientos y partidos que hasta ese momento habían estado proscritos.
Asimismo, estipuló una integración fija compuesta por 400 miembros e introducir un sistema electoral mixto, en el cual 300 diputados serían electos por el principio de mayoría relativa y 100 por el principio de representación proporcional.
De 1986 a 1996, los cambios electorales fueron determinantes por la crisis económica y del conflicto poselectoral derivado de la elección de 1988, en el que la oposición reclamó el triunfo y denunció infinidad de irregularidades como el robo de casillas, alteración de resultados, trato inequitativo y poco igualitario en los medios de comunicación, entre otros.
Así, en 1996, partidos políticos y un grupo de notables participó en lo que sería un pacto para modificar el sistema electoral en varios aspectos relevantes.
Primero, se consolidó el carácter ciudadano de la autoridad electoral y fortaleció su autonomía e independencia frente al gobierno, el cual ya no tendría representación en los órganos electorales.
También se establecieron límites y cuotas en ambas cámaras del Congreso para evitar la sobrerrepresentación y preponderancia de la fuerza política mayoritaria.
Se dispuso una serie de normas para hacer prevalecer la financiación pública sobre el financiamiento privado.
La reforma electoral de 2007 se orientó a regular los problemas que claramente se habían presentado en las elecciones de 2000 y 2006, y que seguían afectando negativamente la democracia, como el dinero y el uso y abuso de los medios de comunicación.
Por ende, tuvo que volver a incidir en el tema del financiamiento, pero se concentró en edificar un nuevo modelo de comunicación política para equilibrar el acceso de los partidos a la radio y televisión.
Riesgos para la democracia
Consultados por EL UNIVERSAL, expertos y constitucionalistas exponen los riesgos para la democracia en el país el impulsar una reforma desde el gobierno de la 4T que busca restaurar un régimen hegemónico de partido único, capturar al INE y evitar cualquier posibilidad para que la alternancia política suceda en el país en los próximos años.
El constitucionalista y experto en derecho electoral por la UNAM, César Astudillo, expone las reformas en las últimas cuatro décadas en nuestro país que generaron el cambio democrático, la alternancia en la Presidencia de la República, el quitar el control de las instancias comiciales al gobierno, los que se pueden agrupar en cuatro grandes acuerdos.
“Todos estos pactos se constitucionalizaron porque la oposición en los años anteriores no tenía confianza en que los gobiernos, llámese el PRI principalmente, fuera a respetar los acuerdos”, indica el también director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral.
Afirma que como hoy la oposición no acompaña a la reforma del presidente López Obrador y no está dispuesta a dar los votos para esos cambios, ni estarían dispuestos a darlos en las reformas legales, estamos frente a la primera reforma en al menos cuatro décadas que no es avalada por la oposición.
“Es un retroceso porque son reglas electorales y deben ser de acceso al poder avaladas por partidos políticos que aspiran al poder de manera legítima”, añade el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
A su vez, el investigador y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Bernardino Esparza, expone que desde 1824 hasta 2014, en México se han realizado 24 reformas político-constitucionales de carácter electoral y la inmensa mayoría se han concretado con el consenso de todos los partidos, incluida la oposición en las últimas décadas, contraria a la que promueve el gobierno de la 4T.
Indica que, de acuerdo con la Constitución, se requieren de las dos terceras partes del Congreso reunido para que se aprueben estas reformas y esto implica que haya habido mucho consenso, aunque en ocasiones no se conocen los acuerdos parlamentarios a los que se llegaron para su aval.
El experto en derecho electoral refiere que la reforma presidencial busca afectar la estructura del instituto, adelgazar al INE con leyes secundarias, pero “no puedes cambiar la estructura de una institución cuando nos has cambiado la Constitución”.
Subraya que en este momento no hay necesidad de una reforma para las elecciones de 2024, porque las estructuras están sólidas, “cuando los actores políticos se inconforman ante un acto de un partido político, meten su queja ante el INE, y si no impugnan ante el tribunal electoral, por lo que es innecesaria una reforma. La mayor prueba de que esto funciona son las elecciones de 2018 y 2021, ahí está”.
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