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María Elena Ríos González, actual titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República e incluida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la terna para elegir quien ocupará el puesto vacante de magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mantiene congelada desde hace dos años una iniciativa de reforma de la ley para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del país, pese a múltiples llamados de autoridades, legisladores y activistas de comunidades indígenas que se han pronunciado.
Esta iniciativa de reforma tiene el objetivo de elevar a nivel constitucional el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, así como a la autonomía comunitaria y fue elaborada por un comité técnico.
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Para construir esta iniciativa de reforma, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), durante los meses de junio y julio de 2019 realizaron 54 foros de consulta en todas las regiones indígenas del país, considerando también al pueblo afromexicano y a la población migrante.
Además, consta de 630 mil 986 firmas de autoridades, representantes de pueblos indígenas y afromexicanos que respaldaron la iniciativa
Dicha reforma plantea modificar 16 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “para alcanzar el anhelo de justicia que reclaman históricamente los pueblos indígenas, a través de la transformación sustantiva de las actuales estructuras políticas, jurídicas y económicas, que rigen la organización del Estado mexicano”, señaló el INPI.
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De acuerdo con el ejecutivo federal, los pueblos indígenas sería una de las prioridades en su gobierno, así como de los programas sociales; no obstante, esta iniciativa está detenida en Presidencia desde 2021 y corresponde a la Consejería Jurídica dar su visto bueno y enviarla a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Pese a ello, María Elena Rios González, quien llegó a la Consejería Jurídica en 2021, no ha dado salida a dicha iniciativa enviada por el Instituto de Pueblos Indígenas (INPI) e incluso se ha negado a entablar diálogo con quienes la exhortan a cumplir con su tarea, pese a que en varias ocasiones activistas y colectivos a favor de los derechos de los pueblos originarios han hecho llamados para destrabarla.
En el marco del Día Internacional de Pueblos Indígenas, por ejemplo, apenas el pasado 9 de agosto, se realizó al exterior de la Consejeria Jurídica de Presidencia, una manifestación de personas de comunidades originarias para exhortar el envío de la iniciativa a la Cámara baja.
Luego, el 10 de noviembre, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA),denunciaron en un comunicado que han “buscado incansablemente los canales institucionales para sostener un diálogo con la Consejería Jurídica de la Presidencia -instancia en la que está atorada la iniciativa de reforma- respecto de la necesidad de concretar la reforma constitucional que mejore las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos”. Sin embargo, a la fecha, dicha reunión nos ha sido negada en repetidas ocasiones.
Asimismo, recalcaron la falta de interés, capacidad y de voluntad política del gobierno federal, “para avanzar hacia una transformación verdadera que promueva un nuevo tipo de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas en condiciones de igualdad y no discriminación”, denunciaron.
Cabe resaltar, uno de los beneficios que tendrían en derecho a la autonomía en tierra y territorio, lo cual se verían afectados los proyectos insignia de la Cuarta Transformación, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
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