La reforma para la transferencia de la (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ayer cumplió con el requisito de que, al menos, 17 Congresos estatales aprobaran la minuta.

Tras su aval en el Senado de la República, el primer día fue aprobada en Tabasco, Zacatecas, Quintana Roo, Sinaloa, Ciudad de México, Tlaxcala, Baja California, Yucatán y Colima; en su segundo día tuvo luz verde en Oaxaca, Morelos, Campeche, Durango, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, el Estado de México y Tamaulipas.

La madrugada de ayer, el aprobó por su lado las minutas con proyecto de decreto en materia de Guardia Nacional y la de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, ambas remitidas por el Senado y enviadas a las Legislaturas de los estados en su calidad de Constituyente Permanente.

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Seis diputados del PAN, PRI y MC en el Congreso de Morelos se opusieron a la reforma para militarizar la seguridad pública del país. Foto: Especial
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Para la primera minuta Morena y sus aliados PVEM, Nueva Alianza Morelos y PT sumaron los 14 votos necesarios, contra seis del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

En este debate legislativo los diputados del PAN exhibieron escritos para acusar la militarización de la Guardia Nacional.

En Veracruz, con 35 votos a favor y nueve en contra, el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional con el apoyo de los diputados de Morena y sus aliados, ello en medio de reclamos de la oposición por la falta de resultados en materia de combate a la inseguridad.

Legisladores del PAN y PRI recordaron a los morenistas que “hace un par de años luchaban contra la militarización de la seguridad pública y hoy la avalan”, además de que refirieron que “organizaciones internacionales han alertado sobre el riesgo de militarizar la seguridad pública y de posibles violaciones a los derechos humanos con los soldados”.

En Durango, el Congreso estatal avaló por mayoría la reforma a la GN, pues tuvo 19 votos a favor y cinco en contra. El diputado panista Alejandro Mojica criticó la aprobación al recordar que la Guardia Nacional no fue creada como brazo permanente del Ejército.

En Nayarit, con 24 votos a favor y seis en contra, el Congreso impulsó la modificación constitucional. Durante la discusión el priista Armando Vélez señaló que la aprobación de la minuta enviada por el Congreso de la Unión implica “la muerte de las libertades” en el país, pues la Guardia Nacional ha demostrado que militarizar la seguridad pública abre la puerta al autoritarismo y a la dictadura.

Por su parte, Diego Cristóbal Calderón, del partido local Levántate para Nayarit, consideró que militarizar la Guardia Nacional no es la solución para el grave problema de violencia e inseguridad en el país.

En tanto, los legisladores de Morena y sus aliados defendieron las enmiendas propuestas por el Jefe del Ejecutivo federal y negaron que, como lo acusaron los partidos de oposición, se esté abriendo el camino a una dictadura.

Afirmaron que la situación actual de violencia en el país se debe a las decisiones de los gobiernos priistas y panistas que se dedicaron a saquear la nación.

Con 33 a favor de Morena y sus aliados y siete en contra, el Congreso de Puebla aprobó la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Con el voto en contra de la oposición, PRI y PAN, se avaló la minuta de los cambios para que la Guardia Nacional pase a manos de la Defensa Nacional.

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Diputados opositores lamentaron que la reforma signifique la militarización de la seguridad pública, algo a lo que Morena se opuso durante años cuando era oposición.

En Oaxaca, la 65 Legislatura aprobó, además de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, la reforma constitucional sobre pueblos indígenas y afromexicanos, ambas iniciativas aprobadas por el Congreso de la Unión.

Posteriormente, durante la noche de ayer el Congreso del Estado de México aprobó la minuta con proyecto de decreto para reformar y adicionar artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Guardia Nacional.

Se espera que este viernes la minuta sea discutida y aprobada en Sonora y Baja California Sur.

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