El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
puso como fecha límite el 24 de abril , para que el Congreso de Nuevo León fije la sanción correspondiente al gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”.
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local de Nuevo León que, a más tardar el próximo 24 de abril, antes de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones, defina la sanción que corresponda al gobernador, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
A Rodríguez Calderón se le considera responsable por el uso de recursos públicos para la obtención de firmas ciudadanas que le permitieron ser candidato independiente en el proceso electoral de 2018.
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En agosto de 2019 el TEPJF determinó la culpabilidad de El Bronco y se ordenó al Congreso local fijar sanción. El gobernador alegó que el Congreso no tiene atribución para ello y se fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún tiene pendiente discutir el tema.
La Sala Regional del TEPJF,en sesión privada, determinó que el Congreso de Nuevo León deberá también establecer la sanción a Manuel Florentino González Flores, secretario de Gobierno de Nuevo León.
La Sala Regional Especializada concluyó que el Congreso local no tenía obstáculo para continuar con el procedimiento que inició para definir la sanción que corresponda a los servidores públicos mencionados.
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Esto, después que el Congreso de Nuevo León acordara diferir la resolución, porque desde su perspectiva los acuerdos de suspensión dictados en la Controversia Constitucional 310/2019, que se encuentra en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les impedía concluir el procedimiento de sanción.
Del análisis de las actuaciones de dicha controversia constitucional se obtuvo que el alcance de la suspensión fue que se continuara el procedimiento hasta la emisión y votación del dictamen de sanción, pero que no se ejecutara, y esto únicamente respecto del gobernador constitucional; no así del secretario general de gobierno.
Por esa situación, la Sala Especializada fijó un plazo para que Congreso local defina la sanción que corresponda a ambos servidores públicos, con la precisión que solamente se puede hacer efectiva respecto del secretario general de gobierno.
