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Constitucionalistas y expertos advirtieron que el Congreso de la Unión está en camino a un grave conflicto legal por el empalme de las Legislaturas 65 y 66, que coincidirían en funciones durante agosto de 2024, situación que tiene que resolverse con un adendum a un artículo transitorio de la reforma de 2014 para que los nuevos legisladores entren hasta el 1 de septiembre, como ha sido hasta ahora.
Señalaron que la salida a este problema no debe ser a través de un acuerdo político entre las bancadas y mesas directivas porque un convenio no puede estar por encima de lo que establece la ley.
Subrayaron que de no resolverse esta contradicción, no sólo habría un conflicto legal y político, también presupuestal, ya que en agosto de 2024 se tendría que pagar doble dieta, a los legisladores salientes y a los entrantes, además del salario a los colaboradores de senadores y diputados de las dos legislaturas.
Francisco Burgoa Perea, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, afirmó que “indudablemente” hay un vacío legal que se pudo evitar si el Instituto Nacional Electoral (INE) hubiera establecido en forma clara en las constancias entregadas a los legisladores electos en la presente 65 Legislatura que sus funciones concluyen el 31 de julio y no el 31 de agosto, como era en las anteriores.
“El INE, en cumplimiento de la Constitución, debió haber hecho esta precisión, pero no la hizo y esto sí nos genera en esos momentos un vacío legal porque no pueden coincidir ambas legislaturas”, apuntó.
El constitucionalista universitario consideró que la solución más viable es una reforma constitucional a uno de los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, para lo cual se requiere forzosamente que haya una aprobación de cuando menos la mayoría calificada las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras.
Bernardino Esparza, catedrático de la Facultad de Derecho de La Salle, dijo que la situación de empalme entre las dos Legislaturas se deriva de “legislar al vapor o sobre las rodillas” temas muy importantes como la gran reforma electoral de 2024, donde no se analizó que un artículo transitorio podría derivar en una crisis constitucional y de gobernabilidad en el Poder Legislativo.
“Sin duda es un tema preocupante que deberá resolverse no por intereses políticos o económicos, sino por medio de un adendum que modifique el artículo transitorio y regrese a la legislación actual la terminación de la Legislatura, es decir el 31 de agosto de 2024, porque de lo contrario pueden existir amparos o un mayor riesgo en el Congreso”, explicó.
“Se debe resolver así esto que es un error constitucional muy grave. No se trata de reformas a leyes secundarias en materia electoral o la Ley Orgánica del Congreso, sino ponerse de acuerdo para hacer una reforma constitucional, un adendum respeto al transitorio y suplir esta deficiencia que se incluyó en la reforma constitucional de 2014 y poner muy claramente que queda derogado y que se seguirá aplicando los artículos constitucionales respectivo a los seis años para senadores y tres a diputados, es decir que terminará su periodo el 31 de agosto y no el 31 de julio”, explicó.
Khemvirg Puente, especialista en temas legislativos y catedrático de la UNAM, expuso: “En apariencia es un tema sencillo en términos de técnica legislativa, en términos políticos es medianamente sencillo, pero en términos de la ambición de poder, del tema económico, de dejar de recibir dietas, se va a convertir en un asunto más complicado, porque les pega en el bolsillo”.
Dijo que desde su punto de vista este escenario y pugna por los recursos económicos derivará en que se reforme el artículo transitorio para que los nuevos legisladores ingresen a partir del 1 de septiembre y no se afecten los ingresos de los actuales.
Precisó que lo que debiera prevalecer es el marco legal más actual, es decir, la reforma constitucional de 2014 donde se establece que los 128 senadores y los 500 diputados federales actuales concluyen sus funciones el último día de julio de 2024, para que el 1 de agosto rindan protesta los nuevos 628 legisladores electos.
“Lo que es inviable es cualquier reforma a la ley electoral, porque ya no se podría aplicar”, aclaró y agregó que otro escenario, en caso de no modificar el transitorio, es que algunos legisladores actuales recurran al TEPJF para inconformarse, detalló.
