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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró las cuentas de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, y su exoficial mayor, Emilio Zebadúa.
Fuentes federales confirmaron que las cuentas bancarias de ambos exfuncionarios fueron bloqueadas por sospechas de desvío de recursos durante sus encargos en Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), donde también ocuparon los puestos de titular y oficial mayor, respectivamente.
Los supuestos desvíos por los que ambos funcionarios están siendo investigados derivaron del caso de la Estafa maestra.
Este jueves, un juez de Control citó a Rosario Robles a audiencia para que la Fiscalía General de la República (FGR) formule imputación en su contra por ejercicio indebido del servicio público y busque vincularla a proceso.
Los delitos por los que se le acusa no merecen prisión preventiva, por lo que podría llevar su proceso en libertad, y un juez de Amparo le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión o de comparecencia.
El martes 6 de agosto, el juzgador realizará la audiencia incidental en la que definirá si concede o no la suspensión definitiva.
En el caso de la Estafa maestra, la FGR señaló como víctima indirecta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que también solicitó que un representante de dicho organismo comparezca en la audiencia del próximo jueves, misma que se realizará en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) también señaló a Emilio Zebadúa, principal colaborador de Robles, por enriquecimiento ilícito debido a que detectó irregularidades en su información patrimonial y bancaria.
Ambos son señalados por la entrega de recursos públicos a entes como la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, a pesar de que incumplió con los servicios para los que se le contrató en el año 2016.
Entre 2013 y 2014, Emilo Zebadúa fue el funcionario encargado de administrar los recursos públicos de la Sedesol, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
De acuerdo con las investigaciones en el caso de la Estafa maestra, dichos recursos tuvieron como destino final cuentas de empresas fantasma.
