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La propuesta de reforma para desaparecer los órganos autónomos pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales, porque no ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de las funciones especializadas del Consejo, claramente diferenciadas de las del Inegi, indicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“El Coneval tiene la misión de promover la garantía de los derechos sociales y el combate a la pobreza mediante la realización de tres tipos distintos de funciones especializadas y no tiene duplicidad de funciones con el Inegi, un órgano autónomo constitucional que levanta información estadística de gran calidad, pero no realiza análisis ni cuenta con las capacidades ni el modelo de gobernanza necesarios para realizar las funciones diferenciadas y especializadas del Consejo”, señaló en un comunicado.
Expuso que la próxima administración federal tiene como uno de sus objetivos prioritarios la reducción de las desigualdades y eliminar la pobreza extrema del país, y argumentó que el Coneval está listo para asegurar que los equipos de transición y todos los actores involucrados en el proceso de planeación nacional y diseño de la política social de la nueva administración cuenten con los diagnósticos, los datos, las recomendaciones y herramientas necesarias para lograr los objetivos sociales del Estado.
“En esta coyuntura, el Consejo no ha dejado de aportar elementos cruciales para el aprendizaje y la mejora de las acciones de la presente administración y de señalar la necesidad de priorizar acciones para garantizar los derechos sociales de las y los mexicanos”, sostuvo.
Expresó su preocupación y solicitó un espacio de diálogo y comunicación con el Congreso de la Unión sobre este asunto central para la garantía de los derechos sociales de los mexicanos.
Precisó que la iniciativa de reforma administrativa para eliminar organismos autónomos persigue objetivos de austeridad, la eliminación de duplicidad de funciones y la devolución o reintegración de funciones, y enfatizó que el Coneval no cae en ninguno de los supuestos del dictamen aprobado el 23 de agosto pasado.
La plena vigencia de los derechos sociales, recalcó, es el gran reto actual del Estado, al agregar que desde hace 19 años, con la creación del Coneval, el país cuenta con un diagnóstico sobre el estado del desarrollo social del país, valoraciones rigurosas y confiables sobre los avances y retrocesos en los derechos sociales, mapas de ruta para la mejora de la política social y el bien público de contar con evidencia robusta para el combate a la pobreza y la defensa de los derechos sociales.
La Ley General de Desarrollo Social concibió un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal con un modelo único de gobernanza, integrado por un cuerpo colegiado de académicos y un Secretario Ejecutivo. Los investigadores académicos, detalló, son seleccionados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social y el Secretario Ejecutivo por el Ejecutivo federal, lo que asegura la independencia técnica y el rigor metodológico del Consejo. Este modelo único de gobernanza, dijo, asegura al mismo tiempo un diálogo y retroalimentación constante con la propia Administración Pública Federal, para que la evaluación sea pertinente, relevante y se pueda mejorar la planeación, ejecución y el desempeño de la política social, y la independencia técnica necesaria para asegurar la calidad y credibilidad de los análisis, las evaluaciones, las métricas y las recomendaciones de mejora que el Coneval ha generado a lo largo de casi dos décadas.
